El Gobierno y el PSOE abren el diálogo para paliar el drama de los desahucios

«Sin prejuicios y sin descartar nada». Esa es la actitud con la que, según el PP, se va a enfrentar el Gobierno a sus conversaciones con el PSOE para hacer frente a un problema, el de los desahucios, que llega ya a la categoría de drama para miles de familias en España. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reúne hoy con la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, para discutir la propuesta legislativa que los socialistas registraron ya en el Congreso hace unos días o plantear, en todo caso, otras fórmulas que permitan llegar a donde no ha llegado el Código de Buenas Prácticas Bancarias.

Los socialistas temen que el Gobierno no esté dispuesto a abordar una reforma del ordenamiento jurídico que sea de obligado cumplimiento para las entidades financieras. La adhesión al Código en vigor es voluntaria y además sólo se aplica a quienes se encuentren en el «umbral de exclusión», lo que implica, entre otras cosas, que todos los miembros de la unidad familiar estén en el paro y que no dispongan de otros bienes o derechos patriomoniales.

Rajoy reconoció que la iniciativa no ha funcionado como se esperaba. El Consejo General del Poder Judicial calcula que al día se ejecutan más de 300 hipotecas y el propio portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, subrayó que en 2012 el número de desalojos ha aumentado en un 20%. Pero no despejó la incógnita de si simplemente pretende ampliar los supuestos en los que las familias se pueden ver beneficiadas por el actual marco legislativo o algo más.

En la Moncloa, donde en la tarde de ayer se reunió por segundo día consecutivo la comisión interministerial coordinada por el Ministerio de Presidencia, aseguran que es posible «ir más allá». Y plantean que «lo importante quizá no sea tanto que no se ejecuten las hipotecas como que las familias no se queden en la calle».

En este sentido, el PSOE anunció ayer una enmienda al proyecto de ley de fomento del alquiler, que se tramita en el Congreso, para obligar a los bancos que han recibido ayudas públicas a dedicar al alquiler social las viviendas que han sido desalojadas, pero que permanecen cerradas tras una subasta desierta. Lo único que parece claro es que el Ejecutivo quiere un pacto.