El intento de frenar los desahucios acerca ahora al Gobierno y al PSOE
Acuden a la mesa de negociación con planes alejados para detener las expulsiones .
Una mujer pasa junto al lugar en el que se produjo el suicidio el pasado viernes.
CiU, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia lo intentaron en la pasada legislatura y en ésta. Dio igual. PP y PSOE, gobernara uno u otro, rechazaron todas las iniciativas parlamentarias de estos grupos para reformar la ley que regula los desahucios y que buscaban fortalecer la posición del deudor y debilitar la del acreedor. Los dos partidos mayoritarios tratan ahora de taponar a duras penas las vías de agua abiertas por la sucesión de desahucios, más de 500 diarios y 400.000 desde el 2008, cuyo máximo exponente dramático lo han puesto los suicidios de Amaya Egaña este viernes en Barakaldo y José Miguel Domingo en Granada el 25 de octubre. Dos muertes en 15 días.
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba han mantenido varias conversaciones telefónicas estos días para buscar una solución a un drama personal y social que habían menospreciado. Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, a su vez, han hablado sin teléfono de por medio y a través de él para poner letra a los puntos de acuerdo verbal de sus líderes. Los técnicos se reunirán este lunes para trasladar todo a un decreto ley que debería entrar en vigor de inmediato.
El temor de los bancos
La solución, con todo, no va a ser la panacea con la que sueñan los angustiados candidatos al desahucio y las organizaciones antiembargo, pero va a torcer el gesto a más de un ejecutivo bancario. Las entidades financieras temen que una relajación del proceso que conduce al lanzamiento, término jurídico que enmascara el desalojo, y de las condiciones de pago de las hipotecas tengan un efecto llamada y surja una legión de insolventes que aleguen incapacidad para hacer frente a sus deudas sin el temor, que ahora existe, a perder la vivienda.
El Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno en marzo para sensibilizar a la banca enseguida se convirtió en papel mojado porque beneficia a un sector muy reducido de los hipotecados, el que raya la pobreza absoluta, y deja fuera a la gran mayoría de las familias con problemas de pago.
El grueso de los endeudados en dificultades está formado por clases medias empobrecidas por el paro o por familias de escasos recursos que ya pasaban aprietos antes del estallido de la crisis. Para ambos segmentos las intenciones de Rajoy son insuficientes y no hubieran servido, por ejemplo, para solucionar los problemas de Amaya Egaña ni de José Miguel Domingo.
El Gobierno de Rajoy se ha topado con las mismas dificultades que se encontró el de José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar las reglas de juego entre los bancos y sus deudores. Los establecimientos financieros apelan a la seguridad jurídica y se aferran a la literalidad de la ley. Alertan asimismo de las consecuencias que tendría para todo el sistema económico del país un derrumbe del sistema hipotecario. Las propuestas gubernamentales, en consecuencia, son más tibias y en absoluto pasan por una revisión general del modelo de relaciones entre banca y deudores. En el Gobierno reconocen que hay «un clamor general» para detener los desahucios, pero al mismo tiempo sostienen que tienen «poco margen de maniobra» para cambiar la ley.
Los socialistas, despojados hora de la mochila de gobernar, se permiten en cambio soluciones más audaces. Alfredo Pérez Rubalcaba, como antes han hecho otros dirigentes del PSOE, entonó hoy un ‘mea culpa’ y explicó que su súbita militancia antidesahucio responde a que ahora trata de «salir al paso de los errores que cometimos cuando gobernamos».