La patronal comparte información con las Fuerzas de Seguridad
Llamada a la huelga en el vallado urbano.
La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) «ha establecido un mecanismo para intercambiar información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de la Subdelegación del Gobierno, un mecanismo que tuvo un buen funcionamiento en la última huelga general el pasado 29 de marzo». La patronal instó ayer a los empresarios a denunciar cualquier incidente y a fotografias y grabar las pruebas que puedan servir en caso de denuncia; aunque confía en que «se respete la decisión de trabajadores y empresarios y no se produzcan situaciones violentas».
El presidente de la organización empresarial, Javier Cepedano, denunció ayer el «origen político» de esta huelga, pese a que «las perjudicadas serán las empresas, que son utilizadas como instrumento de presión política»; y cifró en más de 20 millones de euros las pérdidas que la economía provincial sufrirá si la repercusión de la protesta es masiva.
Criticó también que los sindicatos argumenten, además de la política económica y de recortes del Gobierno, el bloqueo de la negociación colectiva para justificar la movilización, cuando «son ellos los que tienen una actitud de deliberado incumplimiento de los principios del acuerdo de la negociación colectiva, que fijaron moderación salarial y flexibilidad interna en las empresas».
Desde la Fele califican de «gravemente inoportuna» la huelga general, y aseguran que tendrá un efecto negativo en la productividad y el empleo; y defienden además el derecho de los trabajadores que quieran acudir a sus puestos de trabajo a hacerlo. Una postura que, en opinión de la patronal, será mayoritaria porque «los empleados tienen un fuerte sentido de la responsabilidad y saben que en este momento la huelga no es conveniente».
Por su parte el presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Emilio de la Puente, asegura que la convocatoria está «mal enfocada» al convertir «a las empresas en paganas de la política de ajustes y recortes del Gobierno». El CEL calcula en 30 millones de euros el coste económico de la protesta en León; y denuncia que la renta disponible de las familias se reduciría en 22 millones si la huelga «llegara a sus máximos».
Desde las Cámaras de Comercio se recalca que «es hora de trabajar todos en la misma dirección para garantizar la actividad de las empresas y con ello del empleo»; y reclaman a los empresarios que abran sus puertas el miércoles para «que los empleados puedan desempeñar su trabajo de forma normal».