Acuerdan fijar el umbral de renta para evitar los desahucios en 19.000 euros

El Gobierno y el PSOE alcanzaron en la noche de ayer un acuerdo sobre el nivel máximo de renta que evite los desahucios en torno a los 19.000 euros anuales, si bien los expertos de ambas partes seguían reunidos en el Palacio de la Moncloa para avanzar en más aspectos, según han informado fuentes gubernamentales.

En su proposición de ley, el Grupo Socialista planteaba que el umbral máximo de renta para evitar los desahucios se fijara en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conocido como Iprem, aunque en la mesa de negociación han manifestado que ese umbral debía estar entre el 2,5 y el 3.

En concreto, el Iprem con 12 pagas asciende a 6.390 euros al año, lo que multiplicado por tres veces arroja la cantidad de 19.170 euros. Se trata de una cifra muy similar a la planteada por el Gobierno, que había referenciado ese umbral con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y había propuesto que fuera de 2,5 veces el SMI, que es de 7.692 euros al año.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que el PSOE ha aceptado la propuesta del Gobierno para que ese umbral de renta sea 3 veces el Iprem o, lo que es lo mismo, el equivalente a dos veces y media el SMI. Ambas partes mantenían posturas muy cercanas en este punto, lo que ha facilitado el acuerdo.

El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargo. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe hoy un decreto ley en materia de desahucios que el Ejecutivo está dispuesto a tramitar como proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Escrito

Todos los Colegios de Abogados disponen desde ayer de un escrito tipo gratuito de nueve páginas dirigido al juez para que ordene la suspensión inmediata del desahucio de una vivienda.

El Consejo General de la Abogacía informó que el requerimiento al órgano judicial reúne los fundamentos jurídicos necesarios para que el jugado paralice la ejecución hipotecaria en caso de impago del crédito.

El escrito alega que una de las razones para que no se produzca el desalojo es «la situación de emergencia social» causada por «las más de 400.000» expulsiones en los últimos cinco años. Una cifra estimada por el Consejo General del Poder Judicial, pero que el Gobierno precisa que no todas corresponden a desalojos de la primera vivienda porque en esas 400.000 se incluyen locales comerciales, garages o segundas residencias.

El requerimiento judicial también subraya que el Código Civil establece que las leyes deben interpretarse de acuerdo a «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». Recuerda asimismo que los desahucios tienen que ser paralizados hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva la cuestión planteada por un juzgado de Barcelona sobre si la legislación hipotecaria española respeta los parámetros mínimos de la normativa europea. La abogada general de este tribunal afirmó que «vulnera la legislación comunitaria», pero aún falta el fallo del tribunal.

El Consejo General de la Abogacía considera que con la presentación de este escrito el juez debería ordenar la suspensión inmediata del desalojo.