Los jueces presionan a Rajoy para que eleve la renta antidesahucio
Avalancha de críticas de todos los sectores por unas medidas tan «exigentes».
Un policía firma en Sevilla para que Ibercaja no desahucie.
El Gobierno hizo ayer oídos sordos, por el momento, a las presiones de jueces, partidos políticos, colectivos de damnificados por los desalojos, organizaciones judiciales y organismos internacionales para que eleve el umbral de renta para beneficiarse de la moratoria de dos años, fijado en 19.230 euros anuales. Desde el propio Ejecutivo se reconoce que hubieran deseado ir más allá, pero las condiciones del Banco Central Europeo, la propia Comisión Europea y la banca española impidieron ir más lejos.
Mariano Rajoy se encontró ayer con una avalancha de críticas al decreto ley para frenar durante dos años los desahucios de las familias más desprotegidas. Los reproches se centraron en que no soluciona el problema porque no aborda el fondo del asunto, los créditos hipotecarios, y que las medidas afectan a un colectivo muy pequeño. El Gobierno se ratificó en lo adecuado de su respuesta si bien abrió la puerta a introducir cambios cuando el decreto se tramite como un proyecto de ley en el Congreso.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, admitió que a él y al Ejecutivo les hubiera gustado «ir más allá» en la negociación con el PSOE sobre los desahucios. Apuntó, no obstante, que el decreto no es una fórmula cerrada porque se ha abierto «la vía» en el Parlamento para «avanzar más deprisa y de forma más profunda en este tema». Fuentes del PP también confirmaron que ven factible introducir cambios para que la medida de excepción con los desahucios beneficie a un grupo de familias más amplio.
La orden publicada ayer en el BOE, además de poner en marcha la prórroga de dos años para los desahucios, tiene una redacción muy precisa en algunos aspectos, pero muy vaga en otros. En lo que respecta al Fondo Social de Viviendas de alquiler para los desalojados, el Gobierno no precisa cuántos pisos sacará al mercado ni los precios de los arriendos, solo dice que tendrán «rentas asumibles en función de los ingresos que perciban» los afectados. En cambio, es muy prolijo en la forma de acreditar que se incurre en alguno de los supuestos para no ser expulsado de casa.
La administración reclama las tres últimas nóminas percibidas, certificado de rentas, certificado de presentación del impuesto de patrimonio, certificado del cobro de las prestaciones por desempleo o de los salarios sociales.
«Unos requisitos que ninguno de los desahuciados hasta la fecha podrían cumplir», en palabras de la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, María José Vicente.
Publicidad engañosa
La judicatura se despachó a gusto contra las medidas gubernamentales. El Consejo General del Poder Judicial reclamó la modificación de la Ley Hipotecaria, de 1909, y las asociaciones de jueces exigieron reformas profundas a Rajoy e incluso le acusaron de hacer «publicidad engañosa». Hasta los secretarios judiciales calificaron de «mera operación de maquillaje» la actuación gubernamental.
El líder de la oposición denunció que «los intereses» de los bancos no pueden «estar por encima del derecho de todas las personas a tener una vida digna». Rubalcaba escribió en su página de Facebook que la moratoria no encara el problema de fondo que, a su juicio, no es otro que «la gente pueda pagar sus créditos» y ese objetivo no se alcanza «con los parches» del Gobierno sino con una reforma de la ley hipotecaria.