La mayoría de los contratos del Plan E fueron irregulares y no generaron el empleo previsto

La tramitación de los proyectos fue chapucera e irregular en la mayoría de los casos y no se cumplieron las expectativas de contratación esperadas. El Plan E o Fondo Estatal de Inversión Local ha sido fiscalizado ahora por el Tribunal de Cuentas y el informe final resulta demoledor para los gobiernos locales que gestionaron sólo en la provincia leonesa 87,5 millones de euros en 599 proyectos de uso público. Según se desprende del amplio informe elaborado por los fiscales de las cuentas públicas, hubo una falta de control generalizada sobre la contratación y ejecución de las obras, incumplimientos que nadie hasta ahora, ni siquiera los grupos políticos de la oposición, había denunciado públicamente.

Para este informe, el Tribunal de Cuentas seleccionó una muestra de 700 entidades locales en toda España, de las que 28 son municipios de la provincia leonesa. En cada uno de ellos se analizó un proyecto, excepto en León y Ponferrada, donde fueron estudiadas cinco y tres obras, respectivamente. Pero de esos 28 elegidos, sólo se pudieron fiscalizar 18; los otros diez son proyectos que finalmente las entidades no llegaron a aplicar. En esta fase se estudiaron los procedimientos de control interno que se llevaron a cabo para garantizar transparencia, qué proyectos fueron seleccionados, si los requisitos para solicitar los fondos se cumplían, qué contratistas fueron beneficiados por las juntas de gobierno, cómo se adjudicaron esos contratos y también cómo se han ido ejecutando los proyectos. El resultado final es sorprendente: una de cada tres entidades locales preseleccionadas en la muestra cometieron alguna irregularidad durante la gestión de sus proyectos.

El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentaba el martes 13 de enero del 2009 su plan de choque contra la crisis. El principal parámetro para otorgar una obra, dijo, no sería otro que el empleo nuevo que generasen. El Tribunal de Cuentas destapa ahora que ni siquiera se alcanzó plenamente este objetivo, puesto que muchas entidades locales antepusieron otros criterios, como el precio o el plazo de entrega. De las más de 4.500 personas que empleó en León el fondo de inversión local —estos son datos manejados por el Ministerio de Política Territorial—, poco más de mil salieron de las listas del paro. Como ejemplo de este descontrol, el tribunal expone que 18 de los proyectos analizados generaron menos empleos de los comprometidos.

Cero empleos

Incluso muchos de ellos ni siquiera aportaron empleo alguno. Es el caso del polideportivo de La Bañeza, la cubierta de las canchas de Cármenes, la adecuación del Mercado de Ganados de León capital, el alumbrado de Cuatro Vientos, en Ponferrada, o el del barrio de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, así como el edificio La Unión de Val de San Lorenzo y el majestuoso consistorio que se construyó en Valderas. Estos proyectos y otros menores prometían 79 contrataciones, de las que finalmente sólo se realizaron 21. La proporción no es nada desdeñable si se tiene en cuenta que esto ha sucedido en trece de los 18 proyectos fiscalizados.

El real decreto-ley que materializó el Plan E (9/2008) estableció la condición especial de que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la ejecución de las obras se debía encontrar en situación de desempleo y, por ello, exigió a los ayuntamientos que tomaran en consideración como criterio de adjudicación para valorar ofertas indicadores que contibuyeran al fomento del empleo. Hay que recordar ahora que la parte expositiva del citado decreto señalaba incluso que que el Plan E comportaría el empleo de trabajadores y la movilidad de recursos que, en gran medida, procederían de los excedentes a los que dio lugar el ajuste del sector de la construcción. Pero, finalmente, el gobierno permitió a los ayuntameintos la posibilidad de que el contratista llevara a cabo la ejecución de la obra sin necesidad de generar ningún puesto de trabajo nuevo.

Después de la generación de empleo, el segundo gran objetivo del Plan E era el impulso de las inversiones. El Tribunal de Cuentas ha analizado el precio como criterio fundamental para la contratación pública. Y también ha examinado la aplicación de otros baremos y, especialmente, al tratamiento que los gobiernos locales han dado a las mejoras y variantes ofertadas por los contratistas.

Un proyecto de Bembibre y cinco de León capital han sido subrayados por no incluir el precio como criterio de adjudicación. Se trata del pabellón polideportivo municipal bembibrense y, en la ciudad de León, el alumbrado público de San Esteban, el plan de asfaltado, acerado y pintado, la reparación del Mercado de Ganados, la enésima reurbanización de la calle Ancha y la rehabilitación del edificio municipal de la avenida Padre Isla.

Una de las acotaciones que imponía el Plan E fue la prohibición de fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponden. Esa irregularidad se dio, según el informe del Tribunal de Cuentas publicado hace dos semanas, en todos los contratos que adjudicaron los alcaldes de Cabreros del Río, Hospital de Órbigo, Joarilla de las Matas, Mansilla Mayor, Villares de Órbigo y Riello. Enmenor medida, estos contratos se hicieron en Cuadros, Arganza, Torre del Bierzo, Valderrueda y Castropodame.

Todos a una

La fiscalización también abarca el nivel de concentración de adjudicatarios por parte de las entidades respecto a las ofertas presentadas. Este nivel ofrece información sobre la concurrencia que existe en el ayuntamiento a estudio. En todo el país, los gobiernos locales que adjudicaron más de cuatro proyectos por adjudicatario fueron 26, dos de ellos en León. Bustillo del Páramo entregó los siete proyectos del Plan E al mismo adjudicatario y Valderrueda hizo lo mismo con las cinco obras que le financió el Gobierno. En Castilla y León están los casos del Condado de Treviño, que adjudicó sus ocho proyectos a una sola firma y Cobreros, en Zamora, que también hizo caso omiso del artículo 74 de la Ley 30/2007.