Todos los proyectos analizados en León capital tenían alguna deficiencia o error
El informe del Tribunal de Cuentas, más bien sus cien páginas de anexos, castigan de manera contrastada la gestión que realizaron gobiernos locales como el de León —entonces presidido por el socialista Francisco Fernández— y el de Ponferrada —gobernado por el popular Carlos López Riesco, antes y ahora—. A estos gobiernos corresponden algunas de las chapuzas administrativas más llamativas de la ejecución del fondo de inversión local del 2009.
León capital es, sin duda, la que peor parada queda en esta fiscalización. Se controlaron de principio a fin cinco proyectos y, en todos ellos, hubo alguna irregularidad o deficiencia. La más flagrante corresponde a su plan de asfaltado, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano. Según el Tribunal de Cuentas, esta expediente acumuló hasta cuatro irregularidades. Primero no se incluyó el precio como criterio de adjudicación para la valoración de las ofertas, algo fundamental en cualqueier contrato público. Por otro lado, incumplió la Ley de Contratos en Servicios Públicos al imponerse como criterio de adjudicación mejoras sin definir. Asimismo se subraya que el equipo de gobierno responsable de gestionar las obras del fondo estatal otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desmpleados, hasta tal punto que incluso se puntuaron más estas mejoras que el conjunto de criterior relativos al fomento del empleo, principio básico del plan anticrisis. Finalmente, las mejoras que se consideraron tan importantes en ese momento implicaron realizaciones de obra no previstas en el proyecto, nueva irregularidad.
Pleno al cinco
Respecto a la ejecución de los contratos, el tribunal indica que todos los proyectos fiscalizados también presentaron irregularidades: en el alumbrado público de San Esteban se incumplió el requisito de ejecución inmediata y hubo un retraso significativo en el pago de las certificaciones; el plan de asfaltado tampoco se ejecutó a tiempo, al igual que la reurbanización de la calle Ancha, que a su vez fue un proyecto sin condición especial de ejecución; la rehabilitación del edificio municipal de Padre Isla, 57 también empezó más tarde de lo acordado, y la obra de la cubierta del Mercado de Ganados tampoco se considera un proyecto prioritario.
El actual portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díez, anterior concejal de Seguridad y Movilidad, tras hacer una somera lectura de los resultados del informe, manifestó que, en el caso de las contrataciones, la responsabilidad sería, en todo caso, de las contratas y no de la Administración y que «en ningún momento el equipo de gobierno recibió informes del servicio de Contratación o de la Secretaría General que advirtieran incumplimientos».
Ciudad Deportiva
Ponferrada, por tamaño y población, es el segundo municipio con más irregularidades en su gestión. El Tribunal de Cuentas es especialmente incisivo con la urbanización del vial en la Ciudad Deportiva, que, como proyectos de León capital, incumplió la Ley de Contratación en Servicios Públicos al establecerse como criterio de adjudicación una serie de mejoras sin definir. Además, y quizá lo más grave, «se utilizaron criterios de adjudicación que vulneran principios reiteradamente establecidos por la Junta Consultiva de Contratación: tenencia de certificados de calidad, cualificación y experiencia del personal, proximidad de la empresa a la localidad...». Además, el tribunal considera que los contratos de esta obra fueron modificados sin justificación y que no hubo un seguimiento específico de la contratación de personal. «No hay nada del Tribunal de Cuentas relacionado con esto, no hay noticia de nada», explicaron fuentes municipales.