Extremadura se rebela contra el PP y da la paga de Navidad a los funcionarios
El sindicato Csif pide que esta medida se extienda al resto de las administraciones.
Los empleados públicos de la Administración autonómica extremeña cobrarán en enero la paga extra de Navidad después de que el Gobierno regional haya decidido destinar a ello parte de los 240 millones que le reportará la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios.
Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, en una rueda de prensa en la que informó de que el TC rechazó el recurso presentado hace diez años por el Gobierno de José María Aznar contra este gravamen extremeño, que fue suspendido cautelarmente entonces durante unos meses.
El Tribunal Constitucional avala el impuesto extremeño porque considera que la base imponible es distinta al IVA y al IAE, porque no vulnera el principio de territorialidad y porque la deducción establecida por invertir en la región no impide la libre circulación de capitales, según la sentencia.
En cuanto llegue el dinero
Monago consideró que esta «gran noticia» para Extremadura se une al cumplimiento del objetivo de déficit para este ejercicio, que ha dado por seguro después de que a fecha de 1 de noviembre se haya situado en el 1,47 por ciento. En un corrillo con periodistas, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, explicó que si el dinero se recibe en la primera semana de enero, los empleados públicos de Extremadura cobrarían la paga extra navideña justo a continuación.
Al recibir ahora ese dinero, Extremadura podrá aminorar el esfuerzo en la lucha contra el déficit y sufragar la paga extra de Navidad suspendida —unos 80 millones— además de dedicar 13 millones a dependencia, tres a talleres de empleo y un millón a apoyar a los autónomos, además de acelerar el pago a los proveedores.
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, pidió ayer que el resto de administraciones encuentren vías de financiación para seguir el ejemplo de Extremadura. Borra recordó que en los últimos años los empleados públicos han perdido un 30 % de poder adquisitivo, a través de los ajustes presupuestarios y congelaciones salariales.