El Gobierno insta a los tribunales a investigar si Mas tiene cuentas en Suiza

El informe policial sobre las presuntas cuentas en Suiza de Artur Mas comienza a circular como una patata caliente entre los miembros del Gobierno. Mariano Rajoy, desde Bruselas, declinó pronunciarse sobre la veracidad o no de este documento. «No voy a contribuir a ese espectáculo», acotó el presidente tras participar en el Consejo Europeo.

Soraya Sáenz de Santamaría se enfrentó ayer a una docena de cuestiones sobre esta controversia con la calculada ambigüedad con la que suele lidiar los temas más espinosos. Una de las preguntas que le plantearon los periodistas tras el Consejo de Ministros fue muy directa: «¿Tiene el Gobierno indicios o datos concretos que avalen que el señor Mas tiene cuentas en Suiza o en algún paraíso fiscal?».

La vicepresidenta respondió: «Si yo le diera lo que usted me está pidiendo, probablemente incumpliría alguna norma tributaria». Dicho esto, y sin referirse en ningún momento ni a Mas ni a la familia Pujol –a los que supuestamente sí investigó la Policía–, añadió que lo primero que corresponde a aquellas personas que tengan cuentas no declaradas en el extranjero es «regular su situación» y advirtió de que la amnistía fiscal concluye la semana que viene. De lo contrario, reseñó, no sólo estarían defraudando a Hacienda «sino al resto de españoles» que sí cumplen con su obligación de pagar los impuestos.

Sáenz de Santamaría negó que, con esta asociación de ideas, estuviera sugiriendo que efectivamente Mas hubiera cometido los presuntos delitos de evasión de tributos o estafa. «Ustedes me preguntan sobre casos concretos y yo les respondo con el procedimiento, por lo que la conexión de nombres va entre su pregunta y mi respuesta, pero no dentro de mi respuesta», aclaró. Otro ejemplo mas del complejo equilibrio que intenta mantener el Gobierno: alentar las sospechas sobre un posible comportamiento delictivo del líder de CiU y defender la neutralidad de Moncloa en cualquier procedimiento judicial.

La vicepresidenta sí reclamó a la Justicia, el mismo día en que se conocieron todos los detalles del borrador policial, que «con absoluta independencia y neutralidad» investigue el presunto delito de fraude fiscal que le atribuirían estas pesquisas a Artur Mas y que, además, el departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía esclarezca de dónde procede la filtración del documento.

También salió en defensa de Cristóbal Montoro, que al día siguiente de estallar este escándalo aseveró, en un acto electoral del PP en Cataluña, que «los que tienen que dar explicaciones son los que tienen cuentas en Suiza».

En cuanto a si el Gobierno cree que CiU recurrirá al victimismo a raíz de ese supuesto informe policial para justificar un supuesto revés electoral comentó que no puede saber lo que ocurrirá tras el 25-N, pero ponderó el hecho de que «a lo largo de estos años han sido múltiples y son varios los procedimientos judiciales que afectan a CiU».