El Gobierno ratificará el decreto de los desahucios sin ningún apoyo
El PSOE tampoco apoyará la norma que negoció con el Ejecutivo por «injusta».
El diálogo previo sirvió de poco. El PSOE votará en contra del decreto aprobado por el Gobierno para paralizar los desahucios a los colectivos más desprotegidos tras el fracaso de su Código de buenas prácticas para la banca. La nueva norma, que, según el PP, se tramitará como proyecto de ley, será sometida a convalidación de la cámara mañana, pero tendrá que salir adelante solo gracias a la mayoría absoluta de los populares La portavoz de los socialistas en la Cámara baja, Soraya Rodríguez, alegó que el Ejecutivo ha hecho caso omiso de la mayoría de las cuestiones que su partido puso sobre la mesa durante las conversaciones que, por varios días, mantuvieron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano. El decreto contempla una moratoria de dos años para las ejecuciones hipotecarias de aquellas familias con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 19.170 euros anuales, siempre y cuando las cuotas de la hipoteca superen el 50% de sus recursos y además concurran otros factores como ser familia numerosa, tener un hijo menor de 3 años, formar una familia monoparental con dos hijos a cargo, que la hipoteca esté a nombre de un parado que no cobre ningún subsidio, que alguno de los miembros de la familia tenga una discapacidad superior al 33% o que sea víctima de violencia de género
Alcance limitado
El PSOE, como Izquierda Unida y resto de las formaciones de la cámara, sostiene que su alcance será por tanto muy limitado y que no resuelve el problema. «Es una moratoria para el propio Gobierno —adujo Rodríguez— para evitar que estas situaciones le salpiquen durante los próximos dos años»
En todo caso, al tramitarse el decreto como proyecto de ley cabe su perfeccionamiento a través de enmiendas que el PP se ha comprometido a negociar. El partido gubernamental sostiene que la intención del Gobierno al aprobar la norma era responder a una situación delicada a la mayor brevedad y que ahora se abre un periodo para el consenso. De entrada, aseguran no cerrar la puerta a nada, pues puede que se modifiquen tanto la Ley Concursal y la de Enjuiciamiento Civil.