El Poder judicial y la Fiscalía ven algunas tasas de Gallardón «excesivas»
El Consejo de la Abogacía y el PSOE preparan un recurso de inconstitucionalidad.
Concentración efectuada en Bilbao ayer para pedir la eliminación de las tasas judiciales.
El primer día de aplicación de las tasas judiciales, que eleva el coste para la interposición de un recurso civil o contencioso entre 50 y 750 euros, se solventó con aparente normalidad en los tribunales, pero con mucho ruido en el mundo judicial.
La posibilidad de que estos aranceles «atenten» contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva fue denunciado de nuevo este lunes por las asociaciones de jueces y los abogados, a los que se sumó, por vez primera, la cúspide del Poder Judicial, el Consejo y la Fiscalía General del Estado, que advirtieron que algunas subidas de tasas eran «excesivas».
Veinte y siete días después de que el Boletín Oficial del Estado diera el pistoletazo de salida a una de las reformas más polémicas del Gobierno, las tasas judiciales comenzaron a aplicarse ayer en la administración judicial. Solucionados ya los trámites con Hacienda sobre el formulario de pago, los nuevos cánones que prevén recaudar unos 300 millones anuales para financiar la Justicia gratuita, según el departamento de Alberto Ruiz Gallardón, vieron la luz entre sombras de sospecha proyectadas por jueces, abogados y fiscales, y las críticas de los partidos de la oposición.
El PSOE, sin ir más lejos, quiere encabezar el malestar judicial y ya estudia la posibilidad de hacer piña con el Consejo General de la Abogacía para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el incremento de las tasas. Para ello necesita que medio centenar de diputados, número que los socialistas reúnen de sobra, secunden la iniciativa. Los fundamentos jurídicos se centrarían en la violación de varios derechos como la tutela judicial efectiva o los principio de garantías e igualdad, según adelantó ayer el presidente de los abogados Carlos Carnicer.
Por orden de jerarquía, el primero en pronunciarse este lunes fue Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ante comisión de Justicia del Congreso aseguró que el órgano de gobierno de los jueces realizará un seguimiento de la ley de tasas tras reconocer que pueden existir «problemas de proporcionalidad» respecto a las cuantías.
Moliner afirmó que el Consejo ya se pronunció sobre estos aranceles y señaló que los jueces serán los encargados de analizar cada caso concreto. No obstante, recordó el que el Constitucional ya ha avalado otras tasas con anterioridad pero poniendo el acento en su cuantía.
Más concreto fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que mencionó que algunos incrementos son «excesivos» y podrían «dificultar» la tutela judicial. No obstante, se mostró partidario de que existan tasas como elemento para recaudar dinero con el fin de financiar la Justicia.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieron ayer en una carta al presidente del Gobierno que asuma un «compromiso real» en defensa de la administración de Justicia.