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El Gobierno mantiene las siete líneas de Renfe deficitarias por su servicio público

Fomento no aclara si reducirá frecuencias y se da un plazo de seis meses para poner en marcha el plan.

Publicado por
carmen Tapia | redacción
León

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«El Gobierno ha tenido en cuenta criterios económicos, medioambientales, de cohesión y sociales para mantener los servicios ferroviarios de media distancia en León, que quedan sujetos a obligación de servicio público». Así explicaban ayer fuentes del Ministerio de Fomento la decisión del Gobierno de financiar el sostenimiento de las siete líneas deficitarias de Renfe en la provincia de León. El Gobierno garantiza el mantenimiento de las líneas León-Gijón, León-Ponferrada, Madrid-León, Madrid-León-Ponferrada, Medina del Campo-León, Valladolid-Palencia-León y Vigo-Orense-Monforte-Ponferrada. A la lista se añaden dos servicios prestados por Feve para conectar León-Guardo y la línea regional Bilbao-León. Las líneas que no están en la lista publicada ayer por el Consejo de Ministros podrían desaparecer a partir del 30 de junio de 2013, según fuentes del Consejo de Ministros, aunque están sujetas a negociación con las comunidades autónomas.

Por el momento, el Ministerio de Fomento ha adoptado el criterio de declarar como obligación de servicio público las líneas con un aprovechamiento superior al 15%, si bien también incluyen algunas en las que el ratio se sitúe entre el 10% y el 15% por su interés económico y social. El ministerio de Fomento no ha facilitado la lista de las líneas que piensa suprimir. y sólo publica la relación de líneas que considera de obligado servicio público.

El acuerdo del Consejo de Ministros establece un plazo de seis meses para la aplicación del acuerdo, que se revisará cada dos años. Fomento deberá formalizar antes del 30 de diciembre del 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.

Revisión cada dos años

Las siete líneas que estaban en jaque en León aparecen en un estudio que encargó el propio Ministerio de Fomento a la sociedad pública de ingeniería de transportes del ministerio, Ineco.

El Gobierno, de momento, mantiene la financiación estatal de las líneas, pero el plan será revisado cada dos años.

Este plan forma parte del proceso de reorganización y optimización de los servicios ferroviarios que se desarrolla durante el 2012 y que incluye la reducción de gastos corrientes, adelgazamiento de la estructura directiva y un cambio en la política comercial.