El Gobierno aprueba este mes la ley que adelgaza la administración local

El Gobierno contempla que este mes de enero se apruebe, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley para la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con el que el Ejecutivo pretende clarificar las competencias municipales, eliminar mancomunidades, reducir concejales y homologar sueldos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han informado de que el «escenario temporal» que contempla el Gobierno se ciñe al mes de enero. Han recordado que este proyecto de ley ya preveía recibir el visto bueno antes de que finalizase 2012 y se pospuso a la espera de conseguir «el máximo consenso» entre partidos. Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es cerrar un texto que cuente con «el máximo consenso y sume al mayor número de partidos» aunque, en este momento, las negociaciones se centran en lograr un acuerdo entre PP y PSOE.

Aunque quedan flecos por perfilar, como los referidos al número de concejales que se eliminarán con la reforma, ambos partidos comparten la necesidad de clarificar competencias para evitar duplicidades y conseguir un ahorro que el Ejecutivo ha cifrado en 3.500 millones de euros.

PP y PSOE también coinciden en otros puntos como la necesidad de reducir las 1.032 mancomunidades de municipios que existen en España o que el sueldo de los alcaldes se fije en función de la población del municipio y, en ningún caso, supere el sueldo de un secretario de Estado.

«Acuerdo lejano»

Por su parte, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, consideró ayer que «está hoy muy lejano» un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de los ayuntamientos, aunque ha mostrado su «voluntad de intentar» pactar la futura ley de la racionalización de la administración local. Zarrías advierte de que las posiciones «siguen distantes» entre el Ejecutivo y el PP tras la recepción la semana pasada de un documento parcial sobre este proyecto. El dirigente socialista ha señalado que no existen coincidencias respecto al planteamiento de la eliminación de mancomunidades, «que juegan en muchos casos un papel clave a la hora de prestar servicios a los pequeños ayuntamientos». «No compartimos acabar con las mancomunidades sin antes hacer una evaluación de su funcionamiento», ha apuntado Zarrías, que ha defendido que «todas aquellas que tengan un funcionamiento positivo y que sirvan para prestar servicios de calidad a los ayuntamientos deberán mantenerse porque son fruto del acuerdo de las diferentes entidades locales».

El responsable municipal socialista afirma que el documento remitido por el Gobierno el pasado 29 de diciembre «dista mucho de las posiciones que defiende el PSOE para hacer las administraciones locales más eficientes, eficaces y austeras». No obstante, Zarrías ha manifestado que la voluntad del PSOE es «llegar a un acuerdo sobre una ley que afecta a más de 8.000 ayuntamientos del país», a pesar que con esta propuesta «el acuerdo está hoy muy lejano». «Compartimos algunos elementos como pueden ser la actualización de las competencias que se prestan por parte de las administraciones locales con el fin de evitar solapamientos y hacer más eficaz su gestión, pero echamos en falta un planteamiento referido a la financiación de las mismas», agrega.

Zarrías comentó que existen coincidencias de planteamiento en cuanto a la necesidad de racionalizar las retribuciones de los cargos electos locales, alcaldes y concejales, estableciendo un tope que podría ser el sueldo de un secretario de Estado. El PSOE está a favor de introducir elementos como la población, los presupuestos o la deuda de cada ayuntamiento para fijar los topes, pero siempre «con unos criterios muy claros de transparencia».

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE ha recordado que también existen discrepancias respecto al papel que se le asigna a las diputaciones provinciales. A su juicio, detrás de la idea del Gobierno de reforzar el papel de las diputaciones «está el intento de privatizar servicios que en estos momentos se prestan por parte de las administraciones». Esta «privatización de servicios», ha continuado, «no los harían en ningún caso más eficientes, sino que significaría un deterioro importante de los mismos y una perdida muy significativa de puestos de trabajo».

Sobre la posibilidad de reducir el número de ediles, Zarrías ha insistido en que «el ahorro no viene acabando con los concejales que no cobran, como ocurre con el 85 %», algo que supone, en su opinión, restar democracia, acabar con la pluralidad y terminar con las minoráis.

Los socialistas apuestan por eliminar la ley de grandes ciudades, que es «el verdadero problema en lo que se refiere al gasto por parte de los grandes ayuntamientos». Zarrías ha aseverado que el PSOE «no está por restar instrumentos a los ayuntamientos».