Diario de León

Los empresarios catalanes reclaman a Mas que entierre la independencia

La patronal cree que la sola convocatoria del referéndum sería un «choque de trenes».

Artur Mas atraviesa el patio del Palacio de la Generalitat.

Artur Mas atraviesa el patio del Palacio de la Generalitat.

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cristian reino | barcelona
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El empresariado catalán empieza a romper su silencio sobre el proyecto soberanista. Al margen de intervenciones aisladas muy críticas con el proceso independentista, como la que hizo el editor de Planeta, José Manuel Lara, en septiembre, poco después de la multitudinaria manifestación de la Diada, la patronal de Cataluña ha pasado hasta el momento casi de puntillas sobre el debate de la autodeterminación. Sin embargo, la actitud del mundo económico empieza a cambiar.

«No queremos un choque de trenes. Ni una sociedad catalana fraccionada», reclamó ayer a Artur Mas el presidente de la mayor patronal catalana, Foment del Treball, entidad que pertenece a la CEOE.

El president del Govern, muy criticado por los empresarios por aliarse con Esquerra Republicana, uno de sus mayores demonios, y pactar medidas de mayor presión fiscal, corre el riesgo de perder el apoyo del mundo empresarial, siempre muy ligado a CiU, y que el 14 de febrero próximo ha convocado un acto en Barcelona para pedir la apertura de un diálogo entre los Gobiernos central y catalán.

Mejor el pacto fiscal

La convocatoria, que contará con la participación de Foment del Treball, la Cámara de Comercio de Barcelona, las patronales Pimec y Fepime, y la Asociación Catalana de la Empresa Familiar, podría fijar la posición política del empresariado. Foment del Treball la dejó ayer muy clara y se desmarcó de la consulta que quiere convocar Mas en el 2014. La principal organización empresarial de Cataluña reiteró sus «dudas» sobre la conveniencia de iniciar un proceso de autodeterminación en un contexto de crisis económica tan «severa» como la que sufren Cataluña y el resto de España e instó a Mas a que si sigue adelante con la idea de convocar la consulta lo haga desde un «respeto escrupuloso a la legalidad».

Es decir, que evite escenarios de confrontación y enfrentamiento.

Como alternativa, el jefe de los empresarios catalanes, Joaquim Gay de Montellà, abogó por recuperar la reivindicación del pacto fiscal, una especie de concierto económico como los del País Vasco y Navarra, el objetivo estrella de Mas en la pasada legislatura y que Mariano Rajoy rechazó en septiembre tras reunirse con el presidente de la Generalitat en la Moncloa. Reunión a cinco Según Gay de Montellà, los Gobiernos central y catalán deben ser capaces de consensuar una reforma de la Carta Magna para que el pacto fiscal catalán tenga cabida en la Constitución. «Esperamos que los dos Gobiernos sepan reconducir la negociación», dijo.

El Ejecutivo catalán evitó entrar en polémicas con el presidente de la patronal y aseguró que tampoco la Generalitat no quiere un choque trenes. La «trayectoria» del president de Artur Mas, de su entorno y de CiU prueban de que no hay voluntad de confrontación, señaló el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Francesc Homs

Víspera de la cumbre

La patronal exigió además «responsabilidad» a las fuerzas políticas la víspera de que las cinco formaciones que están a favor del derecho a decidir, CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y las CUP, celebren una cumbre en el Parlament en la que intentarán acercar posturas sobre la declaración soberanista del 23 de enero.

En estos momentos, la gran incógnita es saber si habrá consenso en torno a un único texto y por tanto qué posición adoptará el PSC. El Gobierno de Mas «intuye» que al final habrá consenso de las cinco formaciones y por tanto el objetivo marcado por CiU y ERC de lograr que 107 de los 135 diputados apoyen la declaración es posible. «Se ha dado un vuelco en la negociación a lo largo de la semana», dijo Homs.

Después de que CiU y ERC modificaran su propuesta inicial, el apoyo de Iniciativa y las CUP es muy probable. El gran interrogante es el Partit del Socialistes. A día de hoy, el PSC rechaza el texto de los nacionalistas y los republicanos porque define a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano. Los socialistas, presionados por el PSOE y por su corriente menos catalanista, reclaman que se suprima ese concepto, pero Esquerra ya ha afirmado que esa referencia es «incuestionable».

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