El juez ve indicios de corrupción contra un ex edil popular de Sabadell
. . El tío del alcalde socialista aparece en el sumario como interlocutor clave del conocido como caso Mercurio.
Casi dos meses después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el ayuntamiento de Sabadell por el caso Mercurio, que destapó una presunta red de corrupción urbanística en el municipio vallesano, éste adquirió ayer una nueva dimensión.
El juez que investiga la supuesta trama levantó el secreto de sumario de forma parcial, lo que puso al descubierto que uno de los imputados, el ex edil del PP Jordi Soriano sería el principal responsable y beneficiario de las comisiones que pagaban los empresarios a cambio de favores en los concursos.
Según las conversaciones que aparecen en el sumario, Soriano hacía de intermediario con empresarios de la construcción para ayudarles a conseguir adjudicaciones de obra pública. Los constructores pagaban entre 120.000 y 300.000 euros al entonces concejal, unas cifras que representaban en algunos casos el 3% del coste de la obra. Por ello, Soriano, que fue expulsado del PP, está acusado de cobrar dádivas de diversos empresarios, también imputados. El juez detalla en el auto que hizo público ayer que hay cinco operaciones urbanísticas que están bajo sospecha: la remodelación y ampliación del cementerio de Sabadell, obras relacionadas con la Fira de Sabadell y un centro cívico, una recalificación en una finca de Palau Solità i Plegamans (Barcelona), y una licencia de mejora de una finca.
El sumario pone al descubierto además llamadas telefónicas entre los imputados que sitúan al tío del alcalde socialista Manuel Bustos, Melquíades Garrido, ex presidente de la empresa municipal de la vivienda y actual presidente del gremio de constructores de Sabadell, como un interlocutor clave de la trama, especialmente en las recalificaciones.
El levantamiento parcial del secreto no afecta a la parte que investiga los delitos que supuestamente cometió el alcalde. Los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía atribuyen a Bustos un mínimo de nueve delitos por diversos casos de tráfico de influencias, malversación de fondos y omisión del deber de perseguir delitos, aunque no figura el de cobro de comisiones. El regidor pidió hace una semana al juez que instruye el caso volver a declarar para poder aportar más datos respecto a su comparecencia anterior, en el mes de diciembre, con el fin de reiterar su inocencia.