El magistrado del Supremo afirma que la amnistía fiscal es un gesto del Ejecutivo que "no gusta" al poder judicial

El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Montero ha señalado este jueves que la amnistía fiscal es un gesto del Ejecutivo que "no gusta" al poder judicial. "La amnistía fiscal permite que a una serie de individuos, que en teoría han defraudado a Hacienda, se les perdone por pagar una determinada cantidad. Son resortes que tienen los partidos gobernantes pero desde el poder judicial son gestos que no nos gustan", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Montero, que ha impartido la conferencia 'La tutela judicial efectiva en el ámbito tributario' en la Universidad de Oviedo, ha incidido en que desde la justicia tratan diariamente casos similares y no comparten que haya excepciones. "Cuando el rigor de la ley tiene que recaer sobre determinados ciudadanos, pues, recae y no tiene por qué haber excepciones", ha apuntado.

Del mismo modo, considera necesario un "basta ya" ante actitudes como la corrupción que "no se pueden consentir en un Estado de Derecho". "El Tribunal Supremo está comprometido contra la corrupción, como toda la justicia en un Estado de Derecho", ha aseverado.

"La justicia tiene que dar lo que se espera de ella desde la prudencia y el buen hacer. Se debe investigar y aclarar los hechos, y una vez que esté todo investigado y aclarado exigir responsabilidades", ha remarcado, puntualizando que "hay personas que tienen más responsabilidades y, por tanto, se les tiene que exigir más. Entre ellos, a los dirigentes de los partidos políticos.

Asimismo, ha argumentado que todo proceso debe desarrollarse "dentro de la legalidad y haciendo una investigación seria, rigurosa, objetiva y alejada de presiones".

Tasas judiciales, válidas pero excesivas

En otro orden de cosas, el magistrado ha reconocido que las tasas judiciales "pueden ser válidas" pero cree que su cuantía es "excesiva". "Para mí las tasas podrían paliar ciertos defectos porque existen unos medios limitados y deben emplearse lo mejor posible, pero creo que son absolutamente excesivas y desproporcionadas", sostiene.

Por ello, entiende que los responsables políticos tendrán que llevar a cabo una reforma "en cuanto a la cuantía" ya que es "un clamor" no solo entre los ciudadanos sino también entre los profesionales de la justicia. "Pueden ser válidas pero más moderadas y acordes con la realidad que estamos viviendo, con un 26% de paro", ha dicho.

Agilidad de la justicia

Además, ha hecho referencia a la dilación de los procesos judiciales, especialmente en los que generan más alarma social. "En los últimos tiempos la justicia no ha estado a la altura de la exigencia ciudadana", ha admitido, explicando que se debe en parte al propio modelo y también a la falta de medios.

Al respecto, lamenta la ausencia de leyes ágiles capaces de ofrecer respuesta inmediata. "Se ha fallado y no puede volver a pasar", señala. "El ciudadano tiene que estar convencido de que la justicia y los jueces estamos para la defensa del ciudadano, no para otras cosas. La justicia tiene un papel muy importante y debe recuperar la confianza del ciudadano", afirma.

Con todo, pide un mayor empeño a los responsables políticos para impulsar reformas necesarias. "La peor justicia, la anti-justicia, es la justicia tardía que no soluciona nada sino que, por el contrario, viene a empeorar la situación y acrecienta la sensación de indefensión ciudadana".