Los consumidores lamentan que los directivos de los bancos queden impunes

En plena reforma hipotecaria y mientras prepara el arbitraje de las preferentes de Bankia, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, denuncia la nula autocrítica del sector bancario y un sistema legal laxo ante los directivos que causan perjuicios económicos.

«Aquí somos absolutamente laxos para los grandes gestores y no lo somos para el pobre señor que no ha gestionado bien su hipoteca». «Me parece bien lo planteado en Alemania», dijo sobre el proyecto de ley aprobado esta semana por Merkel que regula las actividades de bancos y aseguradoras y prevé sanciones económicas y penas de cárcel.

Según Sauquillo, la propuesta legislativa hecha en España sobre la honorabilidad de los gestores prevé más circunstancias eximentes ante actuaciones que comprometen la economía de muchas personas, cuando en su opinión debería, como mínimo, obligar a devolver el dinero, que el directivo responda con sus bienes y pueda ser inhabilitado.

Para atajar esta situación, el CCU apuesta por crear una sección dentro de la fiscalía que actúe en defensa de los intereses colectivos de los particulares. Y citan los casos de comercialización irregular de productos financieros, las cláusulas hipotecarias abusivas o los desalojos de viviendas.

Sauquillo pide de forma urgente una moratoria de tres años, paralizar todo el proceso de ejecución hipotecaria desde el principio y no solo la fase de expulsión ley de quiebra familiar para que quienes están muy endeudados puedan exponer ante un juez un plan de pagos.

Ahora, un desahuciado tiene que pagar los gastos del proceso, intereses de demora, pierde la propiedad de su vivienda y continúa debiendo dinero a la entidad.