Alivio para los municipios que cederán escuelas infantiles y servicios sociales

La nueva ley de gestión de las administraciones locales viene con un alivio para las funciones municipales en materia social. En un plazo máximo de cinco años, los ayuntamientos deberán de desprenderse de los centros de educación infantil; en un año, de las residencias de ancianos u otras formas de servicios sociales que hasta ahora prestan, con o sin financiación, con o sin competencias en este área.

Con la reforma legislativa que tramita el Gobierno, no volverán a solaparse estas funciones. El Ayuntamiento de León dejará de atender servicios sociales que desde ahora, corresponderán sin ningún tipo de duda a la administración autonómica. Transferirá esta gestión social al gobierno de Valladolid —que ya se ha mostrado quejoso por este nueva encomienda para la que pide dotación económica al Estado— de forma inmediata.

Con un plazo más amplio puede la administración local sacarse de encima los gastos que le asignaron para sostener colegios públicos, la gestión de escuelas infantiles, guarderías para niños de 0 a 3 años. El gobierno central legisló para restar a las arcas locales compromisos que en los últimos años se señalaron como impropios y costosos. El sostenimiento de los colegios es uno de los ejemplos. En cinco años, los ayuntamientos deben de transferir a la comunidad autónoma esas competencias que resuelven parte de la prestación en el área educativa. Además, el gesto con la hipoteca financiera para las arcas municipales añade eliminar la obligación de sostener los consultorios médicos con fondos propios. Esa atención también corresponde a la administración autonómica, que hasta ahora diluía en los entes locales la carga que supone la estructura de atención médica en las pequeñas localidades.

Diputaciones, al rescate

Para los ayuntamientos, alivio. Para las diputaciones, nuevas funciones de tutela, La que deben de aplicar sobre los municipios pequeños que no atiendan a la gestión debida, o que no apliquen con eficiencia la legislación que les compete.

Esta nueva función del papel de las diputaciones en el mapa de la gestión local implica a estas administraciones en la asunción de competencias en servicios que prestan los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes cuando se traten de mínimos con un coste superior al límite fijado por Hacienda y de una competencia que no tiene por qué estar en manos de ese ente local. La Junta no tardó en elevar la voz por el ajuste de competencias que deberá de atender con la nueva ley. Su portavoz las recibe con petición de fondos para sostenerlas. La juntas vecinales, mientras, viven entre la incertidumbre de su futuro, condicionado a que hagan públicas sus cuentas bajo la amenaza de la disolución. Así más de un millar en León.