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Gobierno y PP han tenido que cambiar cuatro veces de criterio esta semana

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colpisa | madrid

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La mayoría absoluta en el Parlamento no siempre es garantía de poder sacar adelante los proyectos del Gobierno, al menos de sacarlos con consenso social. El Ejecutivo y PP han cambiado de criterio en los últimos días hasta en cuatro ocasiones por la presión de la calle.

La dirección popular decidió despedir a Jesús Sepúlveda, el marido de la ministra e imputado en el caso Gürtel, después de haber defendido su contratación. El PP respaldó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los desahucios tras haber mostrado su rechazo hasta solo unas horas de tramitarla en el Congreso. El ministro de Justicia anunció que revisaría la aplicación de las nuevas tasas judiciales después de haberse resistido durante meses a hacerlo a pesar de las presiones de todo el mundo judicial y de todas las fuerzas políticas. Hasta Mariano Rajoy anunció que la futura ley de transparencia incluirá a los partidos, una posibilidad que había descartado con anterioridad

Presión en la calle

El clima de la calle, y no tanto la fuerza de la oposición, es el causante de estos bruscos cambios de opinión. La irritación por los casos de corrupción, la desafección hacia los partidos y el distanciamiento del ciudadano de los políticos preocupan al Gobierno y al PP.

El portavoz de la dirección del PP, Carlos Floriano, tuvo que pasar por el muy desagradable trago de tener que defender la contratación de Sepúlveda con el argumento de que la imputación no es motivo para un despido para que a la semana siguiente su jefa, Dolores de Cospedal, anunciara que el marido de Ana Mato se iba a la calle.

El Gobierno aprobó el proyecto de ley de transparencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y que su actividad fuera más próxima. Los partidos, los sindicatos, el Parlamento y la Casa del Rey estaban exentos de transparencia. Hasta que Rajoy anunció este miércoles en el pleno del Congreso que la cosa cambia y que las fuerzas políticas, cuya valoración ciudadana está por los suelos, estarán sujetos a la ley, y es muy probable que las centrales gremiales y el Legislativo.