De pagar al conserje del colegio a cambiar las bombillas de la guardería
Pagar al conserje del colegio, cambiar las bombillas de una guardería o mantener un consultorio rural. Estos son algunos ejemplos de las llamadas «competencias impropias», aquellas que ejercen los ayuntamientos siendo responsabilidad de otra administración y con las que pretende acabar la reforma local.
El Gobierno va a clarificar en la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local por primera vez las competencias municipales, lo que servirá para eliminar duplicidades y finiquitar las impropias.
Para ello, el informe tramitado por el Consejo de Ministros el pasado mes establece que las comunidades deberán asumir las relacionadas con los servicios sociales en el plazo de un año y las de educación y sanidad en cinco.
Pero la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere acelerar este proceso a fin de que las autonomías se responsabilicen plenamente, según explicó esta semana su presidente y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
Acabar con ellas ha sido una de las grandes reivindicaciones de los alcaldes durante los últimos años pues, según calculó el propio De la Serna, suponen un gasto extra para los municipios de unos 10.000 millones de euros.
La intención del Gobierno es fijar en esta ley las competencias de los entes locales —que solo podrán desarrollar estas corporaciones—, lo que permitirá asegurar un número de servicios mínimos de los municipios, en función de su población.
Ávidos de poder
Desde la FEMP se ha criticado que las comunidades están poniendo «problemas» ahora cuando tiene que hacer frente a las competencias que han ido absorbiendo, «ávidas de poder», todo lo que podían en sus estatutos.
El retorno de estas competencias llega en una situación económica complicada para las comunidades, como ha reconocido el propio presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que ha pedido que se aplique la reforma de manera «gradual».
«Ha llegado el momento de una administración, una competencia», afirma el vicepresidente segundo de la FEMP, Fernando Martínez Maillo (PP), que valora el «avance del cincuenta por ciento» que supone el informe presentado por el Gobierno, pero espera que se incorporen una serie de modificaciones planteadas desde la esfera municipal.
Confía en que si se introducen algunas de sus propuestas, esta ley servirá para acabar definitivamente con este tipo de competencias y garantizará que no se vuelvan a producir en el futuro. No obstante, especifica que todavía están «bailando» algunos aspectos, especialmente los relacionados con la financiación del mantenimiento de los colegios, que en el texto queda atribuida a los consistorios.
En opinión del también presidente de la Diputación de Zamora, las autonomías deben asumir su responsabilidad «desde el principio hasta el final» y en este proceso los traspasos deben ser «modélicos» y actuando con «lealtad institucional».
En cambio, el senador socialista y alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Antonio Gutiérrez Limones, opina que el proceso previsto para este traspaso «no es viable ni económicamente, ni en términos de eficacia, eficiencia y de organización». Insiste en que las autonomías no podrán asumir estas competencias en un momento en el que se están planteando unos «recortes de déficit impresionantes», por lo que apuesta por dotar con financiación suficiente a los consistorios para llevar a cabo estas funciones.
«¿Cómo vamos a desplazar los servicios sociales a las comunidades si la realidad inmediata la conocen los ayuntamientos?», se pregunta el viceportavoz del PSOE en la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta, que relata que la comunidad solo aporta el 20 % de lo destinado a este tipo de actividades en su municipio, mientras que el ayuntamiento presupuesta el 80 % restante.
Gutiérrez Limones hace un llamamiento para que el Gobierno siente en una mesa a las tres administraciones con el objetivo de llegar a un acuerdo en relación a las competencias y la financiación.