Ruíz-Gallardón reforma su ley de tasas con el único respaldo del PP
Ruiz-Gallardón y Sáenz de Santamaría, ayer, en el Pleno del Congreso.
Alberto Ruiz-Gallardón logró ayer, gracias a la mayoría absoluta del PP, que el Congreso validase el real decreto por el que el pasado 22 de febrero reformó la ley de tasas judiciales que él mismo había impulsado y había puesto en marcha solo dos meses antes. Gallardón solo contó con el respaldo en el pleno de la cámara baja de sus compañeros del grupo popular. La oposición en bloque, desde el PSOE al Mixto, votó en contra porque no le gustaba la primera ley de tasas, aprobada en diciembre, y considera insuficientes las rebajas de tributos que se han introducido en el decreto, además de describir como una chapuza el hecho de que se tenga que reformar una norma tras dos meses de vigencia.
Todos los grupos parlamentarios aseguraron que, pese a las modificaciones, la estructura de tasas para poder presentar demandas y recursos ante los tribunales sociales, civiles y contenciosos creada por la actual ley impide el acceso de muchos ciudadanos a la Justicia, lo que podría violar el derecho fundamental enunciado en la Carta Magna. Hasta la llegada de Gallardón a Justicia, solo las empresas debían pagar tasas para iniciar algunos procesos judiciales. Los ciudadanos estaban exentos.
Los cambios validados ayer, que reducen las tasas variables para todos los ciudadanos y aumentan el número de exenciones de pago a varios colectivos y algunos procesos judiciales concretos, fueron impulsados por el ministro para evitar que la defensora del Pueblo interpusiese un recurso de inconstitucionalidad contra la primera norma, tal como le pidieron varios partidos, sindicatos y profesionales de la Justicia.
Gallardón paró de esta forma el recurso de Soledad Becerril, pero no podrá evitar que el Tribunal Constitucional analice la ley y dictamine sobre si limita o no el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos. La norma original fue recurrida el 20 de febrero ante la corte por el PSOE, apoyado por las principales centrales sindicales y por los colegios de abogados.
El real decreto ratificado hoy introduce dos grandes bloques de mejoras, uno para todos los ciudadanos y otro solo para colectivos sociales concretos.