Los inspectores de Hacienda piden un plan de inspección para cargos públicos
Los inspectores de Hacienda quieren que el Gobierno les coloque en primera línea de fuego en la lucha contra la corrupción, «una lacra general» respecto a la que denuncian que administraciones y formaciones políticas «siguen sin tomar las medidas necesarias para su erradicación». Por ello, y dado que entienden que para la sociedad resulta «impensable» que tal inacción ocurra en un país como España —»un Estado de Derecho e integrado en la UE», resaltan— donde «surgen de manera casi diaria» casos de ese tipo, reclamaron ayer al Gobierno que apruebe un plan «especial» de inspección para cargos públicos y de partidos.
Su solicitud no es nueva —ya la formularon en el 2008, justo con el cambio de signo político en el Ejecutivo tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia—, aunque esta vez la han hecho justo en un momento especialmente sensible, tanto que según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el fraude y la corrupción son ya el segundo problema del país solo superados por un desempleo en cotas históricamente altas. Asimismo, han planteado su reivindicación con más fuerza, al solicitar al Ministerio de Hacienda que dicha inspección tenga «carácter de permanencia» y, además, se incluya todos los años en el Plan de Control Tributario.
Obligatoriedad
En la misma línea de severidad, pidieron al departamento que dirige Cristóbal Montoro que imponga por ley la «obligatoriedad» de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de las administraciones públicas (estatal, autonómica, provincial y local) sobre las rentas y los bienes de sus representantes políticos.
Su batería de medidas contra la corrupción –escuchadas, pero no seguidas ni por PP ni por PSOE durante sus etapas en el Gobierno– incluyen una potenciación de la propia fiscalía especial contra este tipo de delitos, la creación de una «verdadera» policía tributaria, un seguimiento patrimonial «especial» por parte de Hacienda de las personas condenadas por ese tipo de conductas fraudulentas y un refuerzo de las denuncias públicas.