Cifran en 50 millones el fraude de las comisiones de los ERE

Las empresas consultoras y mediadoras en los ERE pagados por la Junta de Andalucía podrían haberse beneficiado de más de 50 millones de euros desviados de fondos públicos con la fórmula de «sobrecomisiones». Esta es la cifra que baraja la Guardia Civil tras analizar parte de la información incautada en la Operación Heracles, que se salda con 22 detenido y 13 registros en los cuales se han intervenido 82.000 euros fraccionados en sobres. La juez Mercedes Alaya interrogó ayer a uno de los directivos de estas consultoras, y tenía previsto también tomar declaración al ex sindicalista Juan Lanzas, el «conseguidor» de las pólizas y que cobró también sustanciosas comisiones como mediador.

La Unidad Central Operativa (UCO) confirmó ayer que esta fase de la investigación de los ERE fraudulentos se ha centrado en describir el «flujo irregular de dinero» que seguían determinados fondos procedentes de la Junta a través de diversos entramados de empresas instrumentalizadas para tal fin. Un sistema que la juez cree que fue ideado por el propio Lanzas. Con la oleada de detenciones del miércoles, los agentes dan por desmantelada una «trama criminal» integrada por diferentes personas físicas y jurídicas que intervenían en la tramitación de esas pólizas de prejubilaciones pagadas por la Junta, como las consultoras Vitalia y Uniter. Aunque se mantiene el secreto de sumario, la actividad de esta organización delictiva se asocia entre otros a los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Si bien el propio director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, adelantó que «quedan pendientes pasos muy importantes» en la operación, fuentes del caso consideran que se ha dado un avance cualitativo dado que se han fijado las bases para identificar a los «últimos beneficiarios y responsables de los hechos investigados en la causa, así como las motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular implantado».

Los primeros en prestar declaración ante la juez Alaya fueron el ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, supuestamente la persona que debió conocer el pago de las sobrecomisiones y que fue enviado por segunda vez en un año a prisión la tarde del miércoles, y responsables de las entidades mediadoras o consultoras. Es el caso de un directivo de Vitalia para el que el fiscal ha solicitado el ingreso en prisión, a quien la juez atribuye el presunto desvío de 3,7 millones de euros en comisiones, y de Lanzas, que pudo haber recibido casi seis millones de euros. Al cierre de esta edición, la magistrada aún no había decidido sobre la situación procesal del directivo, que en un receso defendió su inocencia y atribuyó toda responsabilidad del «enorme fraude» a la Junta. Y tenía pendiente aún tomar declaración al ex sindicalista y varios de sus familiares.

De forma paralela a la investigación, el PP volvió a insistir ayer en la necesidad de que el presidente andaluz José Antonio Griñán ofreciese explicaciones sobre el escándalo de los ERE.

El coordinador general de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, aseguró que, si la Justicia va más allá y se confirman nuevas responsabilidades políticas, IU se «replantearía» el pacto de Gobierno. No obstante, matizó que se trata de una situación que aún «no ha llegado» y que se coaligaron con los socialistas porque las personas que forman el partido «son honradas».