Hunosa emprende acciones penales contra Alonso por la desaparición del carbón
Nadal señala que la empresa minera «no siempre ha colaborado» con el proceso de investigación.
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El consejo de administración de la empresa minera pública Hunosa decidió iniciar acciones penales contra el Grupo Alonso y su propietario por el caso de la desaparición de 526.000 toneladas de carbón de los depósitos pertenecientes al Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC) que gestiona la empresa pública, según adelantó ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante su intervención ante la Comisión de Industria y Energía del Senado.
Nadal señaló que «en cuanto se detectó un descenso en la cantidad de carbón del almacén se enviaron peritos para realizar la medición. Ha sido un proceso largo porque la empresa no siempre ha colaborado con los peritos para realizar las mediciones», aclaró el secretario de Estado, quien matizó también que Hunosa pertenece a la Sepi, es decir, está bajo el control de Hacienda, no del de Industria. Hunosa ya había adelantado en febrero la posibilidad de presentar una querella criminal por apropiación indebida o estafa contra el empresario.
Pignorar las subvenciones
Alberto Nadal explicó en el Senado que «una vez verificada una merma importante Hunosa ha tomado una serie de iniciativas». La primera de ellas, llevar a cabo mandatos notariales para pignorar las posibles subvenciones que pudieran recibir las empresas de Victorino Alonso, con el fin de garantizar las cantidades de carbón que faltan. La otra, iniciar las acciones penales.
El responsable de Energía insistió en que los documentos notariales reclamando las «garantías pignoraticias» han ido llegando al Instituto del Carbón a medida que se iban midiendo los depósitos en los que Alonso debía guardar el carbón del AETC.
Sin embargo, Nadal negó que estas garantías fueran la causa de la denegación de las ayudas al funcionamiento del 2012 a las empresas de Alonso y a la Hullera Vasco Leonesa. «Estas empresas no estaban al corriende de sus pagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, unm requisito que exige la Ley de Subvencoines para cualquier entrega de fondos públicos. Por eso el Consejo de Ministros no puede autorizar las ayudas».
Señaló también que las tres empresas (CMC, Uminsa y la Hullera) han presentado recurso de reposición tanto ante el Consejo de Ministros como ante la Secretaría de Estado, que «se están analizando y se tomará una decisión».
