Julián Muñoz responsabiliza a Jesús Gil del desvío de fondos

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha negado este jueves cualquier responsabilidad en el desvío de hasta 74 millones de euros del Ayuntamiento a través de la red de empresas municipales, el conocido como 'caso Saqueo 2', y ha responsabilizado de todo al exregidor ya fallecido Jesús Gil. Según explicó al fiscal, solo se limitaba a firmar lo que Gil le ponía por delante porque, si no, se "jugaba" su "puesto" y su "sueldo".

Muñoz, que se enfrenta a una petición de pena de 13 años y medio, ha sido el primer implicado en declarar en la vista oral, que ha comenzado este jueves en la Audiencia Nacional, con la ausencia de tres exconcejales que se encuentran huidos de la justicia. Se juzga el entramado societario creado para vaciar las arcas del consistorio costasoleño al margen de cualquier control, bien mediante transferencias directas del Ayuntamiento, la compra de inmuebles por debajo de su coste o por el abono de facturas por trabajos inexistentes.

El PSOE se retira

Este último sistema engloba el grueso del dinero desviado, 42 millones abonados al despacho de arquitectos Monteverde por proyectos que nunca se realizaron o que eran copias de otros. El caso ya no contará con el PSOE como acusación particular, dado que este jueves ha explicado que retira su personación por motivos económicos.

El exalcalde ha utilizado la misma línea de defensa que en otros procesos similares: limitarse a resaltar su condición de un elemento casi decorativo que simplemente cumplía órdenes de su jefe. Así, aunque entre 1993 y 1999 era concejal de Fiestas y figuraba al frente de numerosas sociedades municipales, en ningún momento tuvo poder de decisión sobre lo que estaba haciendo, cargando la responsabilidad sobre Gil o sobre el abogado José Luis Sierra, considerado el "ideólogo" del sistema de transferencias a las sociedades municipales para escapar de cualquier control. La acusación sobre Sierra, quien, según Muñoz, era la persona que controlaba las sociedades, ha sido sobreseída al encontrarse gravemente enfermo.

Firmaba "como un kamikaze"

"Jesús Gil tenía por norma no firmar ningún papel ni asumir ninguna responsabilidad", detalló. Y a preguntas del fiscal, aseguró que no lo denunció porque en "esa época" de pleno auge del 'gilismo' "te jugabas tu cargo" y el sueldo de hasta 300.000 pesetas (1.800 euros) que cobraba de esas empresas. Muñoz reconoció que le ponían los documentos por delante "y como un kamikaze", él "los firmaba”. "Así me ha ido", ironizó. No obstante, las cosas cambiaron a partir de 1996, fecha en la que la expareja de Isabel Pantoja dejó de firmar las cuentas de las sociedades municipales, aunque siguió como presidente. "Ese fue mi fallo", ha dicho.

Nuevo proceso

Muñoz ha acudido a la Audiencia desde el penal de Madrid en el que está encarcelado para evitar el riesgo de fuga tras ser condenado a siete años por el 'caso Blanqueo'. En su suma y sigue judicial, hoy ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción le reclama otros 11 años de prisión por las irregularidades del Ayuntamiento de Marbella en contrataciones de obra, según informa Europa Press, que se tradujeron en un perjuicio de 1,6 millones de euros para el consistorio.

La causa, en la que se investigan delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia; falsedad en documento mercantil, fraude y prevaricación, gira en torno a la empresa vinculada al abogado José María del Nido y sus familiares Fergocon, que el fiscal cree que fue creada “con el fin prácticamente exclusivo de realizar obras para el Ayuntamiento". El ministerio público pide también 11 años para Del Nido, así como 10 años para cada uno de sus dos hermanos.

Pantoja, sin medalla

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha decidido revocar la Medalla de Andalucía concedida en el 2002 a Pantoja a raíz de su condena por blanqueo de capitales, según han explicado fuentes del Ejecutivo regional. La decisión, que se hará efectiva en cuanto la sentencia sea firme, se basa en que el reglamento de esta distinción establece que "podrá ser revocada como consecuencia de la condena de su titular por algún hecho delictivo, así como por la realización de actos o manifestaciones contrarias a la Constitución, al Estatuto de Autonomía o a sus instituciones de autogobierno, o que atenten gravemente a los intereses de nuestra comunidad autónoma". Esta decisión coincidirá con el pensamiento mayoritario de los ciudadanos", según las fuentes.