Rubalcaba quiere acabar con los billetes de 500

Todos a una. El Poder Judicial ha citado a los jueces de los tribunales superiores de todas las comunidades autónomas a un a reunión para establecer una doctrina conjunta sobre los desahucios. La cita es el 8 de mayo en Madrid.

El máximo órgano de los jueces quiere escuchar todas las propuestas. Lo que salga de la reunión no será de obligado cumplimiento, no será vinculante —no puede serlo— pero sí trazará una línea de actuación, una unificación de criterios generales para todos los jueces del país. En la mente: la sentencia del Tribunal de la UE que dictó que los procedimientos de la ejecución hipotecaria en España son abusivos.

Dos días después de que la Audiencia Provincial de Burgos hiciese público el auto que da luz verde a un nuevo camino de protección jurídica para las personas en riesgo de desahucio, audiencias y juristas de todo el país se han puesto en contacto con el órgano judicial burgalés con el ánimo de conocer los pormenores del auto y ‘copiar’ el mismo para poder incluir los pormenores que en él se incluyen.

Un hecho que demuestra que la audiencia burgalesa ha dado un paso que marca el camino a seguir en la jurisdicción española en el estudio de las clausulas por las que muchas familias han perdido sus casas en los últimos años, sin que un juez haya mediado en el procedimiento.

Oído por un juez

El teléfono móvil del presidente de la Audiencia, Miguel Carreras Maraña, no para de sonar desde el jueves. Colegas y juristas de todo el país le han llamado en este tiempo para felicitarle por iniciar el que para los afectados por la hipoteca es un ‘bote salvavidas’ en el tortuoso camino por el que pasan las personas en pleno proceso de ejecución hipotecaria. Consciente de la importancia del auto, considera que «la importancia de la sentencia reside en el hecho de que ninguna persona puede verse fuera de su casa sin que antes haya sido oído por un juez».

Para ello, el afectado debe de demostrar que en la firma de su hipoteca existe una claúsula abusiva o ilegal. En este sentido, el magistrado entiende que el nacimiento de este auto parte del hecho de que «el sistema hipotecario español no preveía un cauce procesal para verificar el estudio de las claúsulas de la hipoteca». Hasta la fecha miles de familias han sido desahuciadas sin tener en cuenta este hecho, lo que recortaba tiempo en los procesos de ejecución hipotecaria.

«Nosotros dejamos claro que el proceso hipotecario es legítimo y legal y se adecúa a la Constitución Española, pero tiene un problema que está generando desahucios injustos», recalca el presidente de la Audiencia, quien explica que esa injusticia parte del hecho de que el deudor «no se puede defender en el proceso hipotecario».

Desde que arrancó la crisis económica en el año 2008, alrededor de 40.000 ciudadanos han perdido su vivienda en procesos de ejecución hipotecaria, según datos aportados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Todos perdieron su residencia después de no poder hacer frente al pago de la hipoteca que firmaron con una determinada entidad financiera. En Castilla y León, en el año 2012 los bancos ejecutaron 1.709 desahucios.

El estudio de las clausulas hipotecarias que comenzarán a realizar los jueces de la Audiencia de Burgos supone estudiar la letra pequeña de los contratos hipotecarios. Supone que el deudor se pueda ver defendido porque se evita verse en la calle mediante la defensa de un juez. Se trata de un sistema de seguridad jurídica y de protección de la ciudadanía en el que se buscarán aquellas claúsulas ilicitas», recalca Carreras.

Cláusulas ilícitas

La solución que establece la sentencia armoniza el sistema hipotecario español vigente, sin perjuicio de futuras reformas legislativas, con la normativa comunitaria sobre cláusulas contractuales incluidas en las escrituras de préstamo hipotecario que pudieran ser contrarias a los derechos de los consumidores. «Si se demuestra que existen requerimientos abusivos o ilegales el proceso no seguirá adelante», explica el magistrado.

De este modo, la Audiencia de Burgos inicia un camino de protección del desahuciado pionero en España. Antes de ver situaciones dramáticas, como las que han copado páginas y páginas en los rotativos o han abierto los informativos de algunas cadenas nacionales de televisión, las víctimas de desahucio dispondrán de un mecanismo de defensa que hasta la fecha no ha existido.

«Evidentemente si la claúsula es válida no habrá por qué anularla. Las entidades no deben temer si las cosas están bien hechas», puntualiza el presidente de la Audiencia, que mantiene su confianza en que muchos bancos han hecho las cosas de forma correcta y han ofrecido claúsulas a sus clientes sin que exista ilegalidad o abuso en las mismas.