El PSOE quiere acabar con el Senado
Rubalcaba presenta su plan para federalizar el Estado autonómico. Apuesta por un órgano de coordinación con un tamaño tres veces menor que la cámara alta.
Rubalcaba con la ex ministra Rosa Aguilar ayer, en el Pozo del Tío Raimundo.
El PSOE está dispuesto a impulsar cambios profundos en el funcionamiento del Estado autonómico y no se contenta ya con soluciones cosméticas.
Alfredo Pérez Rubalcaba presenta hoy a la comisión ejecutiva de su partido una propuesta de reforma territorial en la que, entre otras cosas, se contempla la supresión del Senado y su sustitución por una suerte de Consejo Federal que actuaría como órgano de coordinación interterritorial, con competencias legislativas limitadas, y un número de componentes tres veces inferior al de la cámara alta, que cuenta con 265 escaños.
La apuesta responde a algo que un buen número de ciudadanos parece tener claro: «El Senado no ha funcionado nunca». Es lo que, a juicio de la dirección socialista, demuestra el severo castigo que esta institución recibió en las pasadas elecciones generales, en las que cerca de dos millones y medio de personas emitieron un voto en blanco, no votaron o decidieron no utilizar la papeleta salmón a pesar de haber acudido a los colegios electorales para emitir su voto al Congreso.
Si la idea del PSOE prosperara, reforma constitucional mediante, nada de eso pasaría porque no habría elecciones al Consejo, o como se decida llamar a ese órgano no parlamentario. Sus miembros no serían elegidos por voto directo ni por los parlamentos autonómicos, como ocurre con los senadores, sino designados y retirados por los gobiernos de cada comunidad. Es más, serán elegidos de entre quienes compongan esos gobiernos: presidentes, consejeros, viceconsejeros y hasta directores generales.
No todas las comunidades autónomas tendrían el mismo número de representantes. El mínimo serían tres, pero se añadiría uno por cada millón de habitantes.
Castilla y León, cinco
Andalucía podría sumar once representantes y Cataluña unos diez, mientras que regiones menos pobladas como Castilla León podrían quedarse en cinco.
En total, sumarían una cifra cercana a 90, lo que, en principio, supondría un ahorro importante para el Estado.
«No sólo el tamaño sería menor que el del Senado, además —subrayan fuentes del PSOE—estos ‘consejeros’ no tendrían por qué cobrar porque ya estarían recibiendo un sueldo como miembros de los ejecutivos autonómicos».
Lo que aún queda por definir es cuáles serían los poderes del nuevo órgano. Si se opta por seguir el modelo del Bundesrat alemán, en el que se ha inspirado el primer partido de la oposición, le correspondería aprobar o rechazar las leyes autonómicas que afectan a las competencias del conjunto.
Y esa es, ‘a priori’, la idea. Pero, en todo caso, aglutinaría todos los actuales órganos de cooperación, tanto los sectoriales —existen 31, incluidos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea— como la Conferencia de Presidentes creada Rodríguez Zapatero.
El texto que Rubalcaba expondrá hoy ante la cúpula del partido, de unas 50 páginas, también profundiza en otras cuestiones como el sistema de financiación autonómica y el reparto competencial, «desde una perspectiva federal». Algunos planteamientos han sido desgranados en los últimos meses, como el blindaje de las competencias del Estado en la Constitución.
A otros, se les ha dado una nueva vuelta. En su día se habló, con gran polémica, de copiar el modelo germano de financiación, que establece que la función redistribuidora del Estado no puede alterar el ranking regional de ingresos per cápita. Ahora, fuentes del PSOE matizan que la asimilación al sistema alemán no será completa. «Ellos tienen una cultura de respeto institucional que en España no ha conseguido asentarse», dicen con cierta envidia.
Nacionalismo y Madrid
En términos generales, los socialistas hacen una amplia reflexión sobre los últimos 30 años de construcción autonómica. Sostienen que «el sistema ha funcionado» porque ha sido capaz de hacer compatible el avance en el autogobierno con la «cohesión del Estado», pero defienden que se ha hecho necesario ofrecer una respuesta frente a la apuesta disgregadora de los nacionalistas, sobre todo catalanes, y la pulsión recentralizadora.
«Hay cosas —concluyen— que no están funcionando». Una vez sea aprobado por la ejecutiva, el documento, coordinado por Ramón Jáuregui a partir de las aportaciones de distintas federaciones, y, en especial, de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, se enviará a los secretarios generales del partido y se iniciará un proceso de «diálogo discreto» para su ratificación, con o sin enmiendas, en el Consejo Territorial del 12 de julio en Sevilla.
El ultimo escalón antes de la Conferencia Política del 25 de octubre, en la que el partido pretende poner en pie una completa alternativa de Gobierno, será el del Comité Federal del 20 de julio.