Las penas van desde los tres meses a los seis años de cárcel
En muchos casos, el defraudador no es consciente de que las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que cree, incluso penales. A menudo las penurias económicas, la ausencia de reproche social o la respuesta, en general, muy lenta de las aseguradoras, animan a defraudador a emprender sus acciones, según Marco Esteban, especialista en derecho penal. Las consecuencias pueden ser múltiples, desde la rescisión de la póliza de seguro e identificación del asegurado fraudulento dentro de la base de datos de la compañía de seguros hasta la acusación por un delito de estafa, pasando por la pérdida del derecho a la indemnización.
La situación más grave de este tipo de hechos es la consideración como delito de estafa tipificado en el Código Penal, que puede acarrear fuertes multas o incluso la cárcel.
Los delitos de estafa están castigados con penas de prisión de tres meses a tres años si la cantidad estafada supera los 400 euros. Las penas pueden ascender hasta seis años en determinados casos, como una cantidad estafada muy elevada o el abuso de la confianza de la víctima o de su firma. Los casos más comunes de fraude tienen que ver con la ocultación de información o suministro de información falsa para favorecer la versión de los hechos, simular un siniestro que realmente no ha ocurrido para cobrar una indemnización o exagerar las consecuencias del siniestro para aumentar la cuantía de la compensación.
En León recientemente se detectó una red dedicada a la presunta falsifcación de partes de seguros con la que los cabecillas lograron sumas de un montante total de cinco millones de euros. El caso sigue de momento bajo secreto de sumario a la espera de que las partes puedan hacer frente a las acusaciones que pesan sobre los detenidos.