El Gobierno tiene que recurrir a la ley para ‘podar’ más las autonomías

Las comunidades autónomas, pese a las recomendaciones del Gobierno de Mariano Rajoy, sólo han cerrado 420 de los aproximadamente 4.000 organismos públicos que tienen. El Ejecutivo, que carece de competencias para decretar su cierre, recurrirá a la legislación básica para establecer unos requisitos comunes para poder abrir o mantener en funcionamiento una fundación, un ente o cualquier otro organismo público. Así lo adelantó ayer Soraya Sáenz de Santamaría en una declaración informal en los pasillos del Congreso. El objetivo es que las comunidades sólo puedan gastar «si cuentan con recursos para ello».

El Gobierno no puede ordenar la clausura de ningún organismo autonómico pero si no se cumplen los nuevos requisitos deberán ser las propias comunidades, al tratase de legislación básica del Estado de obligado cumplimiento, las que procedan a su eliminación. Unas horas antes, durante la sesión de control al Gobierno, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, echó en cara a Rajoy su incacidad para recortar el gasto público más allá de «despedir a médicos, profesores o inspectores de Hacienda» pero sin afrontar una drástica reducción de la administración. Una crítica similar a la que formuló la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.