Rajoy recortará 870 millones en los sueldos de los funcionarios municipales
Los servicios de los pueblos de 5.000 habitantes los gestionarán las diputaciones.
Los 9.000 millones de euros que el Gobierno pretende ahorrar con la reforma de la administración local incluye una partida de 870 millones de euros que no derivará ni de la clarificación de competencias ni de la eliminación de mancomunidades y empresas públicas. Saldrá directamente del bolsillo de los funcionarios públicos que prestan su servicio en los ayuntamientos y entes locales durante 2014 y 2015, una vez que entre en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda.
El ajuste no recaerá sobre el salario base, sino que el Gobierno pondrá límites a los complementos específicos. Una cantidad que, hasta este año, percibían los trabajadores públicos en función de las características especiales de su puesto de trabajo -destino, características de su labor u horario entre otros criterios- y que, con la nueva norma, tendrá límites que se establecerán cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
De momento, Hacienda no especifica a cuántos funcionarios de los 8.114 ayuntamientos que existen en España afectará este ajuste. Unas 526.248 personas trabajan en las administraciones locales.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha pasado, en cuestión de semanas, de aparcar la reforma local a acelerarla, sobre todo tras las críticas surgidas a partir del 26 de abril, cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, anunciaron nuevas subidas de impuestos y unas previsiones macroeconómicas muy negativas hasta el 2016. Prueba de estas prisas es que Hacienda ha firmado ya un protocolo con la Diputación de Orense para poner en marcha un plan piloto para que este ente provincial sea el primero de España en asumir los servicios que dejen de realizar aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes que pierdan la gestión de los servicios básicos por «ineficientes».
Presentación a la FEMP
El anteproyecto de Ley Orgánica de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno presentará hoy a la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), pretende que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero la gestión de sus servicios básicos que prestan a a diario; es decir, residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77% de las 8.116 poblaciones de España, cederán estas competencias a las diputaciones provinciales a partir de esa fecha. Los consistorios podrán recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos.