Barberá y Camps se «doblegaron» a Urdangarín por ser el yerno del rey
«Todas las contrataciones se adjudicaron ‘a dedo’, asintiendo verbalmente Rita Barberá y Francisco Camps a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas». El juez José Castro no se anduvo con paños calientes en la vasta exposición razonada que ayer remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reclamando que investigue a los dos políticos populares.
El magistrado del caso Nóos señaló el camino a los jueces valencianos. A su entender, la alcaldesa de la capital y el ex presidente autonómico incurrieron en delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial al adjudicar, saltándose las normas de contratación pública, a Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, la organización de los Valencia Summits del 2004, 2005 y 2006 por 1.044.000 euros cada edición y la organización de los fallidos Juegos Europeos por 382.203 euros. Se trata de unos ilícitos penados con entre siete y quince años de cárcel y con hasta 36 de inhabilitación.
En palacio para impactar
Para José Castro, no hay duda de los dos mandatarios eran conscientes de la ilegalidad que cometían con esos contratos, pero cree que se olvidaron de cualquier remordimiento con tal de congraciarse con un miembro de la Familia Real. El juez asegura que Barberá y Camps nunca buscaron el «interés general» con esos eventos, sino que únicamente querían cumplir «su deseo de doblegarse a las exigencias» del duque de Palma. Y se plegaron a las condiciones de Urdangarín sólo «en atención a que era el yerno de Su Majestad el Rey».
El juez da por bueno que al menos uno de esos encuentros, el 29 de enero del 2004, tuvo lugar en la Zarzuela para «mayor impacto psicológico» de las autoridades valencianas.
Las recriminaciones del instructor de la pieza 25 del caso Palma Arena a los dos políticos son recurrentes, pero particularmente duras con Camps por la firma del convenio de los Juegos Europeos. Afea al ex presidente la «rapidez fuera de lo común» con la que consistió encontrarse con el promotor de la idea, el empresario Miguel Zorío, y con el duque. Asegura el juez que la simple aparición del marido de la infanta hizo «desvanecer cualquier obstáculo» que tuviera Camps, que en ese «instante» procedió a «la fáctica contratación del encargo» «El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros»,0