La Junta echa balones fuera con la responsabilidad política por el caso de los ERE en Andalucía
José Antonio Griñán, en una imagen de archivo.
PSOE y PP volvieron a enfrentarse ayer en el Parlamento andaluz a cuenta del supuesto fraude de los ERE. Mientras la Junta de Andalucía mantuvo que se trató de «conductas inapropiadas» de unos pocos y rechazó mencionar nombre alguno más allá del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, el PP apuntó de nuevo al presidente autonómico, José Antonio Griñán, porque cuando era consejero de Hacienda permitió «un procedimiento de ayudas viciado» que dio réditos económicos e incluso electorales
La vuelta de los ERE fraudulentos a la cámara, a petición del PP, provocó una vez más momentos de tensión y cruce de reproches sobre casos de corrupción que afectan a ambas formaciones. Mientras los socialistas defendieron la bondad del sistema de ayudas y obviaron el resto de detalles de la investigación, los populares apuntaron a las nuevas pesquisas policiales y sacaron a relucir las abultadas sobrecomisiones que cobraron las mediadoras e incluso los sindicatos por tramitar las ayudas sin que nadie se quejara.
En su intervención, el consejero de Economía, Antonio Ávila, insistió en destacar la colaboración de la Junta, «principal interesada en que se esclarezca el caso», desde el primer momento de la investigación. Abundó el consejero en que fue la administración quien denunció el caso ante los tribunales, que hubo disculpas a la ciudadanía y que se tomaron medidas para subsanar y evitar el fraude y recuperar el dinero. Ávila pidió además desligar el uso legal y eficaz de la partida 31-L, el denominado «fondo de reptiles» por Guerrero, de su uso fraudulento, y recordó que con el sistema de ayudas a empresas en crisis se beneficiaron más de 6.000 trabajadores que tenían difícil recolocación en el mercado o a comarcas más desfavorecidas. Así, criticó que se hable de un fraude generalizado con los 724 millones de ayudas cuando es «un pequeño porcentaje» de casos en los que se ha producido «un mal uso de estas ayudas». La investigación de la Guardia Civil calcula que lo defraudado asciende a unos 60 millones de euros.
«La corrupción se combate y se persigue, no se usa de forma partidista», respondió el consejero a las referencias sobre la responsabilidad en el caso de Griñán y su predecesor, Manuel Chaves, cuando el PP tiene a once imputados en las Cortes valencianas.