El juez le somete a la misma inspección que a la hija del rey

El 31 de mayo, el juez José Castro, el instructor del caso Nóos, hizo una demanda de información muy novedosa a la Agencia Tributaria aprovechando las recién estrenadas normas sobre movimientos de capitales en el extranjero para saber si la infanta Cristina y su marido había presentado el denominado modelo 720, que están obligados a rellenar todos los ciudadanos que tengan intereses económicos fuera de las fronteras españolas. Y de ser así, que ese documento fuera remitido a su juzgado.

Sólo dos semanas después de la puerta abierta por Castro en busca de indicios para imputar a por delito fiscal a la hija menor del Rey, el instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz ha tomado la misma iniciativa que su colega de Palma y ha reclamado esa información a Hacienda, pero en este caso sobre Luis Bárcenas y otros imputados claves en este macrosumario sobre corrupción.

La nueva obligación fiscal recogida en el modelo 720 exige a quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España a presentar, hasta el pasado 30 de abril, una declaración informativa de «todas las cuentas situadas en entidades financieras, de todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como de valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero».

En la misma resolución que Ruz dictó poco antes de hacer pública la comisión rogatoria de Suiza, el juez de la Audiencia Nacional también requirió a la Agencia Tributaria que le entregue toda la documentación que obre en su poder sobre este modelo 720 y sobre su participación en la amnistía fiscal del pasado año de Bárcenas y de otros cinco imputados en esta causa: el testaferro de Bárcenas Iván Yáñez, el presidente de Martín Fadesa, el empresario zaragozano Amando Mayo, el abogado Javier del Valle Petersfeldt y Alfonso García Pozuelo, presidente de la constructora Hispánica.