CiU y PNV piden incluir al Banco de España en la Ley de Transparencia

CiU y PNV han coincidido hoy en pedir que dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia se incluya también al Banco de España junto a los partidos políticos, la Casa Real, sindicatos y organizaciones empresariales.

Tanto CiU como el PNV han pedido que se incluya al supervisor bancario en la norma, dentro de las enmiendas parciales que hoy han presentado en el Congreso sus respectivos grupos parlamentarios a la Ley de Transparencia.

Además, en otra de sus enmiendas, CiU propone incluir entre las entidades que deben cumplir las obligaciones que establezca la ley todas aquellas que reciban durante un año financiación pública por encima de los 100.000 euros o las que se financien en un 40 por ciento con fondos públicos.

No obstante, su propuesta es que queden exentas las entidades que no reciban más de 3.000 euros de dinero público, aunque esta cifra suponga hasta el 40 por ciento de su financiación.

El PNV eleva este porcentaje y quiere que estén incluidas todas las organizaciones que se financien con asignaciones públicas en un 50 por ciento.

Otra de las peticiones en las que coinciden los grupos parlamentarios vasco y catalán es en reclamar que se suprima la posibilidad de que el ministro de Hacienda sancione o inhabilite a cargos públicos autonómicos o locales cuando incumplan las obligaciones de transparencia que impone la ley.

El PNV cree esta potestad vulnera la "autonomía política" de las comunidades autónomas y la "garantía constitucional de la autonomía local".

El grupo vasco exige también en otra enmienda "el reconocimiento del régimen especial de los territorios históricos del País Vasco" y recuerda que "es el en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico donde se determinarán los límites máximos totales del conjunto de retribuciones" de los cargos de gobierno de las entidades locales.

Por su parte, CiU insta a la Administración General del Estado a publicar anualmente la información sobre las diferencias en cada comunidad entre la inversión presupuestada por el Estado y la ejecutada y pide la publicación de las balanzas fiscales para conocer lo que se aporta desde las comunidades autónomas.