El juez abronca a Hacienda por el lío de las fincas de la infanta
Montoro vuelve a culpar a notarios y registradores del error .
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Enfado mayúsculo e indisimulado del juez del caso Nóos por el silencio de Hacienda y la total ausencia de explicaciones oficiales al magistrado sobre el lío de las fincas que el organismo recaudador atribuyó a la infanta. José Castro, en un auto hecho público ayer, abroncó a los responsables de la Agencia Tributaria porque casi una semana después de remitirle el informe con los supuestos errores se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de que ese documento está plagado de inexactitudes porque Hacienda no se ha dirigido a él en ningún momento para rectificarlo. Castro no se anda con rodeos y dice que «echa en falta que la propia Agencia Tributaria no haya remitido al juzgado un nuevo informe rectificando el anterior» en el que aseguraba que la hija del rey entre 2005 y 2006 vendió trece inmuebles en las localidades alicantinas de Playa de San Juan, Pilar de la Horadada; en el municipio barcelonés de Calella; y el pueblo ciudadrealeño de Valenzuela de Calatrava. Unas enajenaciones que, según Hacienda, le reportaron a Cristina de Borbón unos ingresos de 1,4 millones de euros.
El juez recuerda que ha tenido que movilizarse con requerimientos a los notarios y registros de Barcelona, Alicante y Ciudad Real para comprobar que, efectivamente, ese informe estaba trufado de errores, pero reprocha a Hacienda que nadie le haya explicado de manera oficial a qué se debe ese cúmulo de despropósitos. Por eso, exige que le remita «un nuevo informe» en el que «rectifique» los «extremos que no se ajustan a la realidad».
Por su parte, Cristóbal Montoro volvió a culpar a notarios y registradores del error de atribuir a la infanta Cristina la venta de 13 fincas por valor de 1,4 millones de euros entre 2005 y 2006. La causa de la equivocación en once casos, dice el informe, fue que la Agencia Tributaria recibió información errónea «con origen en notarios y registradores», en la que figuraba que el vendedor tenía «el DNI 14 sin letra de control» Este dato, prosigue el escrito, «provocó la imputación al único DNI 14 que figuraba en la base de datos», es decir el de la hija del rey.