Posición común en financiación autonómica
Las Cortes piden que el modelo incluya el coste de las competencia que puede asumir la Ju. nta con la futura reforma local. Solicitan al Gobierno Rajoy que aporte soluciones para los afectados por las preferentes.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, conversa con el consejero de Economía, Tomás Villanueva, durante la sesión.
El consenso entre la Junta, respaldada por el Grupo Popular, y la oposición socialista se plasmó también ayer en una posición común de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que va más allá de la defensa de las características propias de Castilla y León como son la superficie, la dispersión, la baja densidad, o el envejecimiento de la población.
Especialmente relevante es la propuesta de que el nuevo modelo incluya el coste de financiar las competencias que pueda asumir la Junta como consecuencia de la futura reforma local, y que ahora desempeñan los municipios.
La resolución aprobada ayer en las Cortes mantiene que el nuevo sistema «debe ser el resultado de un consenso multilateral» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y «garantizar la prestación de niveles similiares de servicios públicos en todo el territorio español», con «recursos suficientes» para financiarlos. La Junta tendrá que defender en la negociación que las necesidades de financiación se fijen «atendiendo a las necesidades de gasto real de los servicios públicos», y que el modelo incorpore el coste de la Dependencia.
Respecto al Fondo de Compensación Interterritorial, el acuerdo propone una reforma de los elementos de reparto, «que atienda a la corrección de los desequilibrios territoriales», además de una «adecuada dotación presupuestaria». El grado de acuerdo alcanzó al caso de las preferentes, con una resolución que insta al Gobierno, por medio de la Junta, a buscar soluciones para los titulares de productos híbridos de las entidades rescatadas mediante el arbitraje, «homogeneizando las condiciones para someter las operaciones a esta vía».
A ello se añade la petición de que el Ejecutivo de Rajoy genere «fórmulas de liquidez a corto y medio plazo» para los preferentistas, que permitan «rescatar los fondos y minimizar la cuantía de las pérdidas impuestas por el Memorando de Entendimiento para el rescate de las entidades financieras marcadas por la Unión Europea».
Deducciones autonómicas para inversiones de empresas, reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando se cree empleo en una sociedad mercantil, reparto de los Fondos de Cohesión, Plan del Carbón y reforma de la PAC fueron otras propuestas del PP aprobadas. Los socialistas, por su parte, sacaron adelante dos relativas al Programa de Desarrollo Rural. La defensa de las resoluciones corrió a cargo de la viceportavoz socialista, Ana Redondo, y de su homólogo en el Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio.
«Podemos salir de aquí, mirar a los ciudadanos a los ojos y decir que trabajamos para paliar su sufrimiento », proclamó en tono solemne Redondo, quien remarcó que este no ha sido un debate más y se han acordado soluciones para transformar la vida de las personas. Con el mismo tono, el viceportavoz del Grupo Popular destacó que se defienden, desde la lealtad institucional, los intereses de Castilla y León y de su municipalismo como seña de identidad comunitaria, informa Ical. «Para que el éxito de esta política de cercanía continúe hay que dotar de instrumentos para que los municipios presten con calidad las competencias que tienen asignadas por ley».
El canto al acuerdo de populares y socialistas no encontró eco en los dos procuradores que forman el Grupo Mixto, Alejandro Valderas y José María González. Este último se desmarcó del pacto y afirmó que el «muro no está en IU, sino en quienes han negociado a solas desde hace meses». El parlamentario expresó la «máxima defensa a los intereses de los ciudadanos» pero rechazó «componendas y escenas de sofá».