Montoro sacrifica a la directora de Hacienda por el lío de la infanta

El caso Nóos se cobró ayer su primera víctima política, pero no fue ninguno de los responsables de la administración que supuestamente adjudicaron a dedo contratos a Iñaki Urdangarín. Beatriz Viana —«a petición propia», según el Gobierno— abandonó la Dirección General de la Agencia Tributaria quince días después de que su departamento emitiera el polémico informe que adjudicaba por error a la infanta Cristina la venta de 13 fincas por las que habría ingresado 1,4 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclamó que «no se busque tres pies al gato» con la salida de Viana, a la que alabó por su «su labor y su entrega», aunque, eso sí, admitió que el relevo «fortalecer la credibilidad de la institución». Sea como fuere, nadie, ni en Hacienda ni en la Agencia Tributaria, duda lo más mínimo que la salida de Viana —voluntaria o alentada— está directamente relacionada con el lío de las fincas y la incapacidad de su departamento para dar una explicación plausible de la causas de esta confusión. Es más, Viana se marcha sin que el juez del caso Nóos, José Castro, haya recibido un solo informe en el que se le dé razones claras de a qué se deben los errores.

Aviso del fiscal

Montoro admitió que habrá que clarificar «aún más» lo ocurrido, sobre todo, alegó, en vía judicial para «salvaguardar el proceso judicial» que afecta al yerno del Rey. Y, sin embargo, trató una y otra vez de quitarle hierro al embrollo con su ya conocido discurso de que «los errores ocurren».

Lo cierto es que sus intentos y los de la propia Beatriz Viana de apaciguar una polémica que en principio no era más que un apéndice secundario del caso Urdangarín sin apenas trascendencia judicial, han sido baldíos. Tanto, que esta misma semana el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, avisó de que no se quedará «cruzado de brazos» diciendo que se trata de «un error de Hacienda».

Lo que está por ver es si la salida de Viana y su sustitución por Santiago Menéndez —hasta ahora director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que ha sido un organismo clave en los casos Bárcenas y Urdangarín— sirve de cortafuegos para evitar arrecien las voces que tanto dentro como fuera del Parlamento reclamaban explicaciones.

Por lo pronto, el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda, satisfecho con la dimisión de Viana, advirtió de que «quedan sin esclarecer tres lagunas importantes en el fallo que afectó a la infanta Cristina».

No sólo por la ignorancia de si los errores fueron humanos o informáticos. Los técnicos preguntan si es que existe inmunidad fiscal para los miembros de la Familia Real, algo que también han planteado varios grupos parlamentarios, que no entienden por qué no se investigó a doña Cristina por las supuestas ganancias patrimoniales generadas por las trece operaciones de compraventa de inmuebles que se le atribuían. Y por último, queda la duda de por qué se envió al juez Castro un informe sin la firma de un técnico o un inspector que habría detectado los fallos.

La falta de respuesta de estas preguntas ha sido determinante en la salida de Viana. Pero hay más. Su segundo gran error fue enfrentar directamente a Hacienda con los notarios y registradores al acusarles de estar en el origen de once de los trece fallos. Los notarios se negaron a convertirse en la cabeza de turco de este embrollo y el Consejo General del Notariado (CGN) desmintió las explicaciones del ministro Montoro.

La gestión de Viana había ya cuestionada por los sindicatos de la agencia. En febrero causó revuelo por decir, después de ser preguntada por los periodistas sobre al amnistía fiscal de Luis Bárcenas: «No sé ni qué he dicho, ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho».