Rubalcaba censura a la juez Alaya por imputar sin indicios a cargos socialistas
. Felipe González asegura que pondría la mano en el fuego por la inocencia de la ex ministra Magdalena Álvarez.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se sumó ayer a las múltiples voces de su partido que a lo largo de los últimos días han criticado a la juez Mercedes Alaya a raíz de la imputación de 20 altos cargos socialistas en el marco de la instrucción en el proceso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.
El líder del PSOE consideró que el auto dictado por la magistrada carece «de todo fundamento jurídico y va a acabar en nada porque no hay nada».
La opinión de Rubalcaba coincidió con la expresada por Felipe González. El ex presidente se declaró «verdaderamente asombrado» de que se impute a una persona «sin señalar ni un solo indicio de delito en algunos casos». En concreto, González centró sus críticas contra Alaya en el encausamiento de la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, alguien por quien aseguró pondría la mano en el fuego. «Magdalena es de las personalidades políticas más honradas que he conocido en el mundo», afirmó. A pesar de ello, el ex jefe del Ejecutivo se mostró a favor de que la investigación por los ERE se investigue «con toda seriedad».
Mientras, el PP instó al líder del PSOE a que ponga orden en sus filas y acate las decisiones judiciales. Su portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Merino, salió en defensa de la juez Alaya y exigió a los socialistas que dejen de «insultar, agredir, presionar y acosar» a la instructora del caso.
Cesión al PSC
Alfredo Pérez Rubalcaba cree haber logrado el consenso de sus barones en torno a la reforma constitucional del Estado autonómico. pero nadie las tiene todas consigo. En el camino al Consejo Territorial que el PSOE celebra hoy en Granada, la dirección del partido ha hecho una concesión al PSC de la que varias federaciones recelan, la introducción en la Carta Magna de una limitación al sistema de solidaridad interterritorial para garantizar que, al ser aplicado, no se altere la posición inicial de las comunidades autónomas en recursos per cápita.