Último intento para lograr el gran pacto político por la transparencia

PP y PSOE se han dado quince días para cerrar el pacto político de mayor calado de la legislatura, la ley de transparencia, consenso en el que aspiran también a enrolar al menos a CiU y PNV. El principio de acuerdo ya existe, pero desde el miércoles, junto al resto de grupos, se encerrarán en una sala del Congreso durante día y medio para tratar de resolver las numerosas diferencias que todavía les separan y que no permiten asegurar que defenderán ante el pleno un texto común. IU y UPyD ya anticiparon que no estarán en el consenso porque consideran que la ley es poco ambiciosa y muy restrictiva.

Los grandes escollos para el acuerdo entre los dos grandes partidos se vencieron cuando el Gobierno aceptó en mayo extender la ley que obligará a publicar en una web todas las actuaciones relevantes de las administraciones públicas a la Casa del Rey, los partidos, la Iglesia y las entidades privadas con sustanciales ingresos públicos; cuando renunció a que fuese el ministro de Hacienda quien sancionase a altos cargos autonómicos y municipales por infracciones a la ley de estabilidad presupuestaria; y cuando admitió que el órgano que velará por el cumplimiento de la norma, el Consejo de Transparencia, será independiente del Ejecutivo.

Dotes negociadoras

Antes de saber si el 23 de julio el texto de la ley que aprobará el Congreso estará pactado, populares y socialistas tendrán que poner a prueba sus dotes negociadoras para acercar posturas en aspectos sustanciales como la elección del presidente del órgano de control, las discrepancias en el régimen sancionador y en el listado de obligaciones de publicidad, en los límites a las demandas de información de los ciudadanos, y hasta en la fecha en que debería entrar en vigor la norma. A los socialistas no les basta con que el presidente del Consejo de la Transparencia que nombre el Gobierno por cinco años, más de una legislatura, deba ser ratificado por la mayoría absoluta del Congreso.

Reclaman mayores garantías de independencia, como que la designación sea directa por el Parlamento, que precise de los tres quintos de la cámara, lo que exige pactos, y que su mandato sea de seis años. El PSOE aspira a que no sean sancionados por el incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia solo los miembros de la administración, como dicen las enmiendas del PP, sino que quiere correctivos para idénticos comportamientos de las entidades privadas incluidas por la norma, como la pérdida de ayudas o subvenciones. En lo que socialistas, PNV y CiU están de acuerdo es en que el Gobierno debe renunciar a que los incumplimientos graves de la estabilidad presupuestaria conlleven el cese de cargos de elección directa, léase alcaldes y concejales, porque creen que es inconstitucional. Los socialistas también desean ampliar la lista de obligaciones de publicidad de las administraciones a todos los detalles y costes de las campañas institucionales, a la iniciativas privadas o públicas de ordenación urbanística, a los contratos civiles de alta dirección vinculados a entes públicos, o a que los altos cargos, además de desvelar sus ingresos y bienes, deban airear sus declaraciones de renta y actividades.