El pederasta Daniel Galván cumplirá los 27 años de su condena en España
La Justicia marroquí aceptará su traslado para que siga preso en territorio español.
El pederasta español indultado por error en Marruecos, tras ser detenido en Murcia.
El entuerto jurídico en el que se había convertido la situación procesal del pederasta Daniel Galván Viña, al que la Audiencia Nacional mandó ayer a prisión por riesgo de fuga, tendrá solución. Autoridades judiciales de España y Marruecos acercaron posturas para que el recluso cumpla en una cárcel española los 27 años y tres meses de pena que le restan por los abusos sexuales cometidos en territorio marroquí.
La solución que satisface a ambas partes pasa por la aprobación del expediente de traslado a España que había solicitado el propio Galván Viña antes de su indulto, concedido por el rey Mohamed VI el pasado 30 de julio y que fue revocado el pasado domingo al tratarse de un «error administrativo» y por las fuertes protestas sociales que generó su excarcelación en Marruecos.
La tramitación del expediente de entrega tiene cuatro partes. La primera ya se ha cumplido, ya que el pederasta de 64 años pidió su traslado a España nada más entrar en la cárcel de Tánger en septiembre de 2011, para cumplir los 30 años de condena que le impuso un tribunal de Kenitra por abusar de once menores. Ahora faltaría que la autoridad judicial marroquí acepte que el pederasta cumpla su condena en territorio nacional y que el Ministerio de Justicia español lo apoye.
Agilizar trámites
Posteriormente, será el Consejo de Ministros el que deba aprobar la entrega para que la Audiencia Nacional tutele su expediente procesal. Pues bien, para agilizar estos trámites ayer se reunieron en Madrid representantes de los ministerios de Justicia de ambos países. A la conclusión de la cita, el director general de cooperación jurídica internacional, Ángel Llorente, reconoció que «no solo no se descarta (que Galván cumpla su pena en España), sino que es una posibilidad que parece bastante razonable».
Llorente señaló que la premisa de ambas delegaciones es que «de ninguna manera hechos tan graves queden impunes». Por ello, lo más razonable es que la Justicia marroquí acepte la petición de traslado que hizo el pederasta. La intención es que en un plazo máximo de 40 días la Audiencia Nacional tenga todos los «elementos posibles» para que pueda resolver su extradición, aseguró Llorente.
Uno de las cuestiones más espinosas del caso fue la razón que llevó al Gobierno a incluir a Galván en la lista de 30 presos españoles para que fueran trasladados a cárceles nacionales. Una petición que, tras la concesión del indulto real por un «error administrativo», acabó derivando en todo este embrollo.
Ángel Llorente, que fue juez de enlace con Marruecos antes de llegar al ministerio, señaló que el recluso, dada su condición de nacional español pese a ser originario de Irak, tiene derecho a cumplir su pena en España y fueron «razones humanitarias» (para estar cerca de su familia y en condiciones carcelarias más salubres) las que llevaron a incluirlo en la lista facilitada por la Embajada de España en Rabat. De la misma forma, dijo no tener conocimiento de que trabajara para los servicios de inteligencia españoles (CNI)