El negocio de ser británico
Gibraltar goza de un sistema tributario muy relajado que le granjea la constante acusación española de actuar como si tratara de un auténtico paraíso fiscal.
Los controles en la verja han provocado retenciones de hasta cuatro horas.
Mantener su identidad británica le sale muy rentable a Gibraltar. Al menos en el aspecto económico. La colonia goza de unos privilegios fiscales que muy difícilmente llegaría a conservar en el caso de reintegrarse alguna vez en España. Las ventajas que aporta su laxa legislación son tales que desde España son constantes las acusaciones que definen al Peñón como un auténtico paraíso fiscal.
Los números avalan la buena marcha económica de la colonia, muy lejos de la situación de bancarrota en la que están inmersos los pueblos del lado español de la verja. Uno de los datos que más llama la atención es el número de empresas afincadas en ella en proporción con su población.
Por los cerca de 29.000 gibraltareños se calcula que existen unas 50.000 sociedades, casi dos por cada habitante. Estas empresas están sujetas a una presión impositiva muy inferior a lo que estarían en territorio español, una situación que lleva a muchos a asentarse en el Peñón para pagar menos tasas y tributos y actuar en los países de la UE, muy especialmente en España. Según refleja un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), un ciudadano español de altos ingresos que traslada su residencia a Gibraltar deja de pagar el IRPF. A cambio, el régimen fiscal del Peñón establece para él un máximo de 92.800 euros anuales en su base imponible y cualquier ingreso superior a esta cantidad ya no tributa.
El criterio de la Ocde
La cumbre del G-20 de Londres de 2009 supuso la declaración de guerra de las principales potencias a los paraísos fiscales. A raíz de esta reunión, la Ocde decidió aumentar la presión sobre los integrantes de una lista que en su opinión formaban centros financieros que actuaban de forma opaca. El nombre de Gibraltar figuraba en ella. Según el informe de 2009 de Tax Justice Network, organización que lucha contra los paraísos fiscales, Gibraltar se encontraba «muy lejos de ofrecer transparencia financiera al mantener la opacidad en el 92% de sus operaciones».
Para dejar de ser considerados como paraíso fiscal la Ocde exigió a los ‘sospechosos’ la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal con al menos doce países. Sin embargo, la medida no estableció con quienes se debían firmar estos pactos. En el caso concreto de Gibraltar y España no se ha firmado dicho acuerdo, que permitiría el acceso a información sobre cuentas bancarias y sociedades radicadas en la colonia. El anterior Gobierno socialista estuvo a punto de alcanzar un pacto con Peter Caruana, predecesor de Fabian Picardo como ministro principal. Sin embargo, los cambios en los ejecutivos a ambos lados abortaron el intento. Y es que el PP se ha negado a firmar un acuerdo bilateral con Gibraltar.
Gibraltar esgrime que las reformas fiscales introducidas en los últimos años ya no admiten que se le tache de paraíso fiscal. En cualquier caso, el interés por intercambiar datos fiscales con España es casi inexistente. La creación de sociedades es otro de los elementos oscuros en el régimen económico gibraltareño. En la mayoría de los casos son usadas, sospecha Hacienda, para blanquear capitales o eludir al fisco. El impuesto de sociedades está fijado en el 10% (por el 30% de España). Además, los beneficios obtenidos fuera de la colonia quedan exentos de tributar.