Rajoy prohíbe el paso a Gibraltar de camiones con rocas de escollera
Las piedras protegen una urbanización ganada al mar que España cree ilegal .
Los accesos a Gibraltar volvieron a colapsarse ayer hasta formarse colas de dos horas.
El Gobierno prohibió el paso a Gibraltar de camiones con rocas para construir un espigón en la cara este del Peñón. La escollera debe servir de protección para una urbanización ganada al mar en aguas que España considera que no forman parte de la colonia británica. El Ejecutivo tomó la decisión a instancias de la Fiscalía, que recibió varias denuncias por un posible delito contra el medio ambiente presentadas por armadores y pescadores de Algeciras y la Línea de la Concepción.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy dio una vuelta de tuerca a su política de dureza en el último conflicto con Gibraltar. La prohibición del traslado de rocas se suma a las inspecciones practicadas por buzos de la Guardia Civil a los bloques de hormigón de 1.500 kilos cada uno lanzados a la bahía de Algeciras por las autoridades de la colonia, y que, según Gibraltar supusieron «una grave incursión que no contribuye a reducir el actual clima de tensión».
La paralización de la entrada de material que debía servir para construir el espigón de abrigo a la urbanización en terreno ganado al mar alimentará sin duda el pliego de agravios que esgrime el Gobierno de Fabian Picardo en su controversia con España, pero desde la Moncloa se argumenta que es un paso obligado en defensa de la legalidad.
La Asociación de Armadores Productores de Algeciras y varias cofradías de pescadores de ese municipio y de la Línea denunciaron ante la Fiscalía y la Guardia Civil un posible delito medioambiental porque los materiales de relleno se extraen de la cantera de la Utrera en la sierra sevillana del mismo nombre y que es un territorio de alto valor ecológico.
El Gobierno de Rajoy no había tomado cartas en ese asunto porque no contaba con argumentos jurídicos para impedir el paso de los camiones contratados por Gibraltar, pero tras la intervención de la Fiscalía obtuvo la munición legal necesaria. Diversos grupos ecologistas han protagonizado protestas durante los últimos años por esa explotación, pero sus quejas no lograron paralizar la extracción de roca.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, también alimentó la controversia con una contundente respuesta al ministro principal del Peñón, quien anunció que para otoño los pesqueros españoles podrían volver a faenar en la zona en litigio de la bahía de Algeciras. «El señor Picardo no es quién para decirle a los pescadores españoles cuándo ni cómo ni dónde pueden o no pescar en aguas jurisdiccionales españolas», afirmó.