El Gobierno ha puesto en marcha 129 de 217 medidas para reformar la administración

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que más de la mitad de las medidas aprobadas para la reforma de la administración -129 de 217- ya están en marcha y ha anunciado que el Ejecutivo ha encargado a la OCDE un informe para evaluar su ejecución.

Sáenz de Santamaría ha presidido hoy la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), ante la que ha explicado que en los próximos meses habrá observadores de la OCDE en los distintos ministerios analizando el cumplimiento del informe aprobado en junio con 217 medidas concretas para evitar duplicidades y ahorrar costes en las distintas administraciones del Estado.

La vicepresidenta ha adelantado la puesta en marcha de un índice de ejecución de las medidas que, cada tres meses y al igual que ocurre con la inflación o el paro, señalará su grado de cumplimiento y cuyos primeros datos podrán conocerse el 21 de septiembre.

En paralelo, ha señalado, el Gobierno aprobará este mes la reorganización, simplificación o supresión de 57 organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado y remitirá a las Cortes 17 textos legales refundidos sobre normas "que cambian frecuentemente" con el objetivo de dar seguridad jurídica.

Ha avanzado también la puesta en marcha del "tablón edictal único" que, en un principio, será para la Administración General del Estado, ya que hay que reformar la ley para incorporar a otras administraciones, y el establecimiento de un punto neutro de embargo de pagos de las administraciones públicas.

El próximo Consejo de Ministros, ha anunciado, aprobará el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que facilitará a las víctimas un acceso privado y telemático a sus expedientes para el reconocimiento de las ayudas de las distintas administraciones.

Además, el Gobierno dará luz verde el viernes al reglamento del dominio público hidráulico, que supondrá la creación de un registro central del agua, con el objetivo, ha dicho Sáenz de Santamaría, de coordinar a todas las administraciones que tienen competencias en esa materia.

"Este informe no es un ejercicio exclusivo de análisis", ha explicado Sáenz de Santamaría en relación al informe de la CORA, sino un "listado de soluciones en las que estamos comprometidos y que hay que ejecutar".

La "prueba más clara" de ello, ha añadido, es la creación, el pasado 21 de junio, de la Oficina que evaluará la aplicación de la reforma que, junto al resto de medidas adoptadas desde entonces, "demuestra que hay una voluntad decidida y firme de que este informe deje de ser un informe y se convierta en un plan completo y de actuación".

El informe de la CORA, aprobado también el 21 de junio, contenía 217 medidas a las que, en los últimos dos meses, se ha incorporado una, la reforma de los servicios telegráficos de la administración.

La vicepresidenta ha explicado la labor encargada a la OCDE en que se trata de un organismo independiente que evaluará el cumplimiento de las medidas y que, además de ayudar en su ejecución, evitará que el Gobierno caiga "en autocomplacencia".

Se ha referido a las medidas puestas en marcha antes de la aprobación del informe de la CORA -como la reforma del parque móvil del Estado o el plan Emprende en 3 para agilizar la creación de empresas- y a las aprobadas en los siete Consejo de Ministros celebrados desde entonces.

Así, en el del pasado 26 de junio, el Gobierno dio el visto bueno al plan de lucha contra la morosidad de las administraciones públicas y las leyes sobre deuda comercial y de factura electrónica, además del nuevo plan de pago a proveedores, además del plan de emprendedores que contiene medidas.

El 5 de julio, se aprobó el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado que, entre otras medidas, convierte la plataforma de contratación del estado en la plataforma de contratación de todas las administraciones y, el día 12, el programa de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios que presentará en 2014 un manual de racionalización y eliminación duplicidades.

Asimismo, el 19 de julio se dio luz verde al anteproyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales y, el 26, se aprobó la reforma local.

En ese último Consejo de Ministros de julio se creó además la conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial y se aprobó la estrategia nacional para la erradicación violencia contra la mujer.

El 2 de agosto, se pusieron en marcha el plan anual de políticas de empleo y el acuerdo marco de intermediación laboral con las agencias de colocación.

Por último, el pasado viernes 30 agosto, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de evaluación ambiental, que dará seguridad jurídica al reducir a cuatro meses el plazo de los informes de impacto ambiental, cuya media de elaboración estaba en los tres años y que, en algún caso, han llegado a tardar 15 años en su aprobación.

Entre las medidas que no han pasado por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha destacado el programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado -15.135 inmuebles- o la cita previa en los servicios públicos de empleo.

A modo de ejemplo del ahorro que supondrá la adopción de todas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha citado la contratación centralizada del suministro eléctrico en el Ministerio del Interior: 7 millones de euros de ahorro sobre 40 millones de coste "sin pérdida en la calidad del servicio".