El PSOE rechaza que se recorten policías a favor de la seguridad privada

El diputado y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Pedro José Muñoz, ha rechazado hoy que el Gobierno aluda a la crisis para recortar "drásticamente" las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil mientras "amplía" el negocio de la seguridad para las empresas privadas.

Muñoz será uno de los dos ponentes del PSOE en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de seguridad privada, que regulará el régimen de las empresas del sector y los despachos de detectives privados.

También regulará el régimen de los profesionales del sector y su formación, las funciones de la seguridad privada, los servicios y las medidas de seguridad y el régimen de las infracciones y sanciones en esta materia.

Muñoz ha adelantado en una nota de prensa que su formación presentará un conjunto de enmiendas para "garantizar" la "necesaria subordinación" de la seguridad privada a la seguridad pública, para que sus funciones sean "de complemento".

Al respecto, ha anunciado que no van a permitir que se "imponga" una visión de la seguridad "basada en el negocio", para que quien quiera seguridad se la pague, pues la seguridad pública, a través de la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es una "garantía para el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales" recogidos en la Constitución.

A juicio del diputado socialista, el proyecto remitido al Congreso por el Gobierno el pasado 14 de junio destaca una visión de la seguridad privada "enfocada, fundamentalmente, al negocio de las empresas del sector".

Por ello y aun considerando "necesaria" una nueva regulación de la seguridad privada, rechazará ampliar de forma ilimitada el ámbito de actuación de la seguridad privada, además de defender a los trabajadores del sector, con la "dignificación" de la profesión y la "mejora" de su formación.

La futura ley, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo regular la seguridad privada de acuerdo al desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a 85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año, según los datos aportados por el Gobierno.