La juez de los ERE da un primer paso para imputar a Griñán y Chaves
Les apunta por poner en marcha un sistema de empleo «ilegal» de fondos públicos .
José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en la toma de posesión de Díaz el pasado sábado.
Los peores temores del PSOE andaluz se confirmaron ayer. La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, dio los primeros pasos para la previsible imputación del ex presidente autonómico Manuel Chaves y seis ex consejeros de Economía, Empleo y Hacienda, entre ellos su sucesor José Antonio Griñán. Formalmente no puede imputarlos, al ser todos ellos aforados, por lo que les confirma que están inmersos en el procedimiento para que puedan personarse en la causa y por tanto, proteger sus derechos de defensa.
El auto judicial supuso un auténtico misil en la línea de flotación de los socialistas y la propia Junta de Andalucía, dado que el momento que se hizo público coincidió con la toma de posesión del nuevo Gobierno.
El escrito pone en el punto de mira justo a la cúpula de la Junta, el último peldaño de la pirámide que ella misma señaló. Considera que tanto Chaves como sus sucesivos consejeros (los ex responsables de Hacienda Griñán y Carmen Martínez Aguayo; el ex consejero de Economía Antonio Ávila, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio y el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo) validaron el sistema creado en 2001 para la concesión de ayudas mediante transferencias de financiación, una fórmula al margen de cualquier control y que, según la juez, es irregular porque se deberían haber otorgado por la vía de la subvención excepcional.
Así, la instructora señala a unos por ser los responsables de la consejería de Empleo que creó el sistema; a otros, por regir sobre los entes públicos que abonaban dichas transferencias, y a los responsables de Hacienda, por no adoptar medidas contra las irregularidades que supusieron un «uso ilícito de los fondos públicos».
Continuidad
Según consta en el auto, las ayudas ya se otorgaban por esta fórmula, por lo que el convenio marco de 2001 que ampara ese sistema supone «la continuidad» del mismo, dado que permitió su acogida en la Ley de Presupuestos durante una década.
En este sentido, el auto subraya que la investigación sigue abierta para «desentrañar la sucesión de hechos que determinaría el uso ilegal y continuado de fondos públicos». El núcleo esencial de esta rama de la investigación continúa siendo «la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legal», pero se ha avanzado también en el «conocimiento de las sobrecomisiones» de las intermediarias que la Junta «presuntamente permitió» a cambio «de favores», así como de las ampliaciones presupuestarias que permitieron «el uso ilícito de fondos públicos» a través de la «utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación».