Cuidadoras en la sombra

«No puedo pagar 160 euros para cotizar en la Seguridad Social por el cuidado de mi hijo. ¡Es lo que me faltaba! Trabajo no tengo, mi marido está en el paro, cobrando tan sólo la ayuda familiar de 426 euros, y me pagan 319 euros por la dependencia».

Hay que administrar muy bien el dinero para llegar a fin de mes con estos ingresos en una familia de cuatro personas. Sobre todo, desde que la familia decidió mudarse a una casa accesible, con ascensor, y por eso más cara.

Camino es el nombre ficticio de una de las 2.300 personas de la provincia que, en un año, se han quedado en la ‘sombra’ del sistema de pensiones por la reforma de la ley de la dependencia. Tiene un hijo de 15 años con gran dependencia a causa de una enfermedad congénita.

Desde que nació se ha dedicado a su cuidado. No ha tenido tiempo para trabajar, ni siquiera para formarse. Con el paso de los años, el matrimonio decidió traer al mundo otra criatura que ahora corre feliz delante de su hermano, inmóvil en una silla de ruedas y con retraso mental. Con los avances del Estado de Bienestar su vida cambió.

Pasó de ser una cuidadora invisible a cotizar en la Seguridad Social. El Estado pagaba sus cuotas como un reconocimiento de la sociedad a las personas que entregan su vida o gran parte de ella a hacerse cargo de las personas dependientes.

El 1 de enero de 2013 el sueño se quebró y su «pasaporte para el futuro», como dice Rosa Castro, de Comisiones Obreras, se quedó sin visado. El Estado ya no paga las cotizaciones de los cuidadores no profesionales. En la provincia de León han sido apeadas del sistema el 88% de las personas que estaban dadas de alta hace un año en la Seguridad Social.

A finales de agosto, sólo 326 personas —307 mujeres y 19 hombres— cotizan en la Seguridad Social en León como cuidadores no profesionales. Hace un año eran 2.646 personas en el sistema, la cifra máxima que se ha alcanzado en los cuatro años que duró el ‘sueño’.

Los cuidadores familiares han vuelto en masa a la sombra en la que han estado toda la vida. Pero no por ello han dejado de existir. Un total de 5.632 personas tienen reconocida una prestación económica de cuidados familiares en León, un 2,23% menos que en el 2012. En términos absolutos, hay 369 prestaciones menos de cuidados familiares que hace un año en León.

Reclamaciones

Y los beneficiarios cobran menos ayudas. El arco de esta merma varía desde el 90% hasta el 15% según los casos, que tienen en cuenta los ingresos de las personas dependientes. Hay familias que no se resignaron y pidieron amparo al Procurador del Común, institución que recibió 60 reclamaciones el año pasado y ya ha registrado 36 en lo que va de 2013 en relación con la reforma del reforma de la atención a la dependencia.

En la familia de Camino, el quebranto económico es del 45%, aparte de las cotizaciones. Recibían una ayuda de 500 euros, que ahora se ha visto mermada a 319. Su hijo recibe atención durante el horario escolar en el centro de día de Aspace en San Cayetano.

La preocupación de la institución por el deterioro de la atención en una comunidad ‘ejemplar’ en este terreno se refleja en el informe del 2012 y en dos resoluciones de este año. En la última, Javier Amoedo pide a la Consejería de Familia que aplique las «medidas necesarias para hacer efectivo el acceso a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar sin agotar el plazo suspensivo de dos años y medio, posibilitando el derecho a su difrute en un período razonable».

Retrasos

En el informe del 2012, el Procurador del Común destaca que con la reforma no sólo se han reducido las prestaciones económicas, también «se ha suspendido la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 1 de julio de 2015 y se simplifica la valoración (baremo) a tres grados (sin niveles); se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir».

Las medidas adoptadas bajo el argumento de hacer frente a la sostenibilidad del sistema castigan a los cuidados familiares con un «plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas», la eliminación de la retroactividad de estas prestaciones así como de las compatibilidades entre servicios. Varias familias reclamaron por estos retrasos. Otras presentaron quejas por disconformidad con el grado de dependencia asignado.

La Junta aceptó una resolución en la que se ponía en evidencia «errores e inexactitudes» del equipo mixto de valoración y el hecho de que la revaloración de una reclamación fuera realizada por el mismo funcionario convirtiéndose en juez y parte.

El Estado recortó a la Junta un 27,42% los ingresos por la atención a la dependencia, una de las cuantías más elevadas en todo el territorio pese a ser una de las comunidades autónomas que mejor ha hecho los deberes de la dependencia. «Han sido más castigadas las comunidades más cumplidoras», subraya el Procurador del Común. En total, 28 millones de euros menos. Y la Junta alcanzó un acuerdo con Comisiones Obreras, Cermi, las asociaciones de residencias de personas mayores, Acalerte y Lares.

Cuidados profesionales

El objetivo: transformar los cuidados familiares en cuidados profesionales y fomentar el empleo, de manera que la atención en el entorno familiar se convierta en la excepción, como marca la ley, y no la norma, como impuso la realidad de un país, una comunidad autónoma y una provincia como León.

A un año de la reforma, la Gerencia de Servicios Sociales de León valora el hecho de que haya «mayor porcentaje de atención de personas con servicios profesionalizados que cuidados en el entorno familiar», apunta Carlos Miller.

Reconoce el gerente que se han producido reclamaciones de las familias a causa de la merma de las prestaciones y apunta que hay «una mayor tendencia en las nuevas solicitudes a la ayuda vinculada al servicio».

Para ello se incrementó en un 20% la cuantía máxima de las ayudas vinculadas al servicio y de asistente personal para los distintos grados de dependencia. En la práctica, en la provincia de León las prestaciones económicas vinculadas al servicio han aumentado un 11% en un año, al pasar de las 2.469 reconocidas en julio de 2012 a un total de 2.744 en el mismo mes del 2013. La prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal se ha incrementado en un 6,4% en este período.

La ayuda a domicilio como recurso opcional para atender la dependencia ha aumentado un 2,7%. La prestación de cuidados en el entorno familiar es la más extendida —37,55%— si se examinan de manera individualizada, seguida de la ayuda vinculada al servicio —18,30%— y de la ayuda a domicilio —14,35%—

En conjunto la reforma ha hecho que aumenten las prestaciones de ayudas al pago de servicios, la promoción de la autonomía personal y la ayuda a domicilio mientras que ha tenido un efecto de merma, aunque todavía moderada, en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, uso de centros de día-noche, teleasistencia y atención residencial.

Este tipo de servicio para la atención a la dependencia sufre una merma de un 4,7% entre julio de 2012 y julio de 2013. La crisis económica parece estar detrás de esta tendencia.

Plazas vacantes

Según el presidente de la Acalerte, Diego Juez Cuesta, hay más de un 20% de plazas residenciales vacantes y «la gente entra cada vez más asistida, es decir, cuando ya no les queda más remedio». Las revisiones de las ayudas en función de la capacidad económica unido a la situación de paro que se vive en algunas familias ha hecho que decidieran llevarse a casa a sus personas dependientes: «Me he encontrado con situaciones en las que la familia me ha dicho: ‘No es que le vayamos a cuidar más, es que él nos salva a nosotros porque estamos todos en paro’. Es dramático, pero es así», asegura Juez.

La pensión de muchas personas mayores se ha convertido en el colchón económico que mantiene a muchas familias en la provincia leonesa.

Por otro lado, el presidente de Acalerte destaca que han dismunuido un 25% las plazas residenciales concertadas en favor de la prestación vinculada al servicio. «La gente prefiere que le den el dinero y elegir el lugar a dónde lleva a su familiar», agrega.

En la otra cara de la moneda están las mujeres que han entregado una gran parte de su vida a cuidar a sus familiares. Es el caso de Paloma, que también prefiere permanecer en el anonimato. Más de dos décadas cuidando a su madre en casa, vio el sueño de cotizar para una pensión hace cuatro años y ahora todo se vino abajo.

Anuladas

Le han quitado las ganas de luchar, pero ahora le ofrecen más ayuda si decide contratar servicios con otra persona en su propia casa. «La administración me ha anulado. Soy una persona inactiva», lamenta.

En su caso, como en el de otras mujeres se da la paradoja de que si contratan a una persona para atender a su familiar «tiene los derechos que yo no tengo y, yo, ¿qué hago? ¿me voy fuera a cuidar a otra persona o a dónde?»

Como tantas otras mujeres de mediana edad carece de formación cualificada y ahora mismo ni siquiera está en condiciones de incoporarse al mercado laboral como cuidadora profesional: «No tengo el título y lógicamente no me van a coger a mí». Pero recuerda: «Es mi madre y moralmente tengo la obligación de cuidarla, pero también tengo el deber y el derecho de vivir».