La Audiencia Nacional confirma la fianza de 43 millones de Bárcenas
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en una imagen de archivo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la fianza por responsabilidad civil de 43,2 millones de euros que el juez Pablo Ruz le impuso en julio a Luis Bárcenas y, a resultas de cuyo impago, el instructor dio orden de embargar todas las propiedades y cuentas a su nombre en España y el extranjero.
El tribunal rechaza uno por uno los argumentos planteados por el ex tesorero en su recurso contra la caución y tilda de «absurdo e incoherente» que la critique como prematura. El criterio central para tumbar las alegaciones es que en la instrucción «se acumulan (ya) serios indicios» de que Bárcenas cometió la larga lista de delitos que se le imputan y que, por lo tanto, es necesaria la millonaria fianza para preservar los derechos de los presuntos perjudicados que se pudiesen determinar en la sentencia.
La sala ve indicios de que el ex tesorero del PP pudo cometer cohecho al recibir importantes sumas de dinero del jefe de la trama Gürtel en busca de sus favores como senador y administrador de las cuentas populares; así como de blanqueo de capitales y de cuatro delitos fiscales por la ocultación a Hacienda de los pagos de Francisco Correa y de buena parte de los 48,2 millones que llegó a sacar del país y a ingresar en bancos suizos.
Los magistrados, que hacen un repaso de todas las acusaciones que penden sobre él en la investigación de la Audiencia Nacional, también ven elementos que podrían avalar la existencia de otros delitos de falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal en la supuesta manipulación de contratos de venta y mediación que habría realizado con una pintora argentina para justificar con estas operaciones inexistentes parte de los ingresos para los que Pablo Ruz y los peritos fiscales no encuentran explicación legal alguna.
La Sala de lo Penal rechaza la alegación de Bárcenas de que no debe tener en cuenta sus presuntos delitos fiscales de 2002 y 2003 con Hacienda, porque ya habrían prescrito, y que tampoco tendría justificación legal achacarle una irregularidad con el fisco en el ejercicio 2007, porque se habría puesto al día al haberse acogido a la amnistía fiscal impulsada el año pasado por el Gobierno.