El PP niega la financiación singular que pide Sánchez-Camacho para Cataluña
Cospedal, tras las críticas, responde que limitar la solidaridad territorial es inadmisible.
El PP comienza a padecer en su sala de máquinas el problema de la doble percepción que se tiene del conflicto independentista en Cataluña. Entre las fuerzas catalanas se percibe el alto riesgo de fractura irreconciliable con el Estado, pero en buena parte del resto de España aún se interpreta como un pulso más de los nacionalistas catalanes. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en esa comunidad, planteó ayer una propuesta alejada de la radicalidad de las tesis que defiende Convergencia y ERC y menos exigente que la opción federal que plantea Unió y PSC, pero todavía un exceso para los planteamientos del PP.
La líder de los populares catalanes, que aboga por mover ficha antes de que el soberanismo se afiance más, puso sobre la mesa del comité de dirección nacional del PP de Madrid una propuesta para dotar a Cataluña de una financiación autonómica «singular» que limite la solidaridad entre comunidades autónomas, lo que permitiría rebajar la aportación de Cataluña a los fondos de solidariad y nivelación. Su iniciativa incluía un reparto directo de los fondos del Estado, al estilo del que realiza la Unión Europea con sus 28 socios. La que se podía considerar como una ‘cuarta vía’ dentro de este complejo proceso apenas si duró en pie unos minutos. Dolores de Cospedal se la cargó de un plumazo. «La solidaridad interterritorial está en los genes del PP», zanjó la número dos de Mariano Rajoy en el partido. «Y así pensamos», recalcó por si no había quedado claro.
Sánchez-Camacho, que debutó en una reunión de ‘maitines’, adelantó su iniciativa en la cadena Ser dos horas antes de que comenzara el cónclave popular. En este intervalo, el teléfono de la secretaria general del PP no paró de sonar. Recibió varias llamadas de barones regionales del PP que no salían de su asombro porque parecía que al final se iba a cumplir el presagio que venían barruntado en los últimos meses, la posibilidad de que el Gobierno aplacase las ansias separatistas de CiU y Esquerra ofreciendo a Cataluña privilegios en el nuevo modelo de financiación autonómica que se comenzará a negociar en 2014.
Cospedal, tanto vía telefónica como en la comparecencia posterior al comité de dirección del partido, intentó calmar los ánimos, pero cuatro comunidades gobernadas por el PP mandaron un claro aviso: no consentirían un trato de favor a Cataluña en detrimento de otras partes de España. El más directo en su reproche fue Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, quien advirtió de que si alguien tenía la «tentación» de pedir o conceder un «régimen fiscal a la carta» a Cataluña, él celebraría una consulta para que los madrileños votasen qué régimen de financiación consideran justo «porque tienen derecho con el esfuerzo que están haciendo y el agravio que están recibiendo».
La llama de la discordia se extendió, igualmente, a Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, desde donde se rechazaron con distinta crudeza las posibles negociaciones bilaterales en materia de financiación.
Mariano Rajoy siempre defiende que en política nunca hay que crear un problema donde no lo hay, por ello no es fácil de entender por qué Sánchez-Camacho sale con una propuesta que ha sido rápidamente desautorizada por la dirección nacional y, además, ha enervado a muchos de los presidentes autonómicos.
Cospedal quiso evitar, no obstante, que sus palabras sonaran a tirón de orejas, pero dejó claro que la misión del PP catalán consiste en ser la voz «de una inmensa mayoría de ciudadanos que se sienten catalanes y españoles, y que no tienen esa representación porque a veces no son ni los que más gritan ni los que lo hacen más alto».