Alcaldes de todas las fuerzas menos del PP se oponen a la reforma local
Unos 2.000 alcaldes de todas las fuerzas políticas, salvo el PP, denunciaron la reforma local que prepara el Gobierno porque «amputa» la autonomía local y dejará a los ciudadanos sin prestaciones básicas, sobre todo sociales, como la teleasistencia, educación extraescolar o la ayuda a domicilio.
Son algunas de las críticas que se escucharon ayer en un acto organizado contra la reforma local, que el Ejecutivo quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero, en el que alcaldes del PSOE, IU, PNV, CiU, Coalición Canaria, La Chunta Aragonesista e ICV leyeron un manifiesto en el que piden al Gobierno que retire el proyecto si quiere evitar la intervención del TC.
Ciudadanos afectados
Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal del PSOE, ha advertido de que prácticamente el 95 por ciento de los municipios dejará de prestar servicios y competencias que afectan «al día a día a los ciudadanos», y en este contexto de crisis — subrayó— los ayuntamientos tienen que ser la «punta de lanza» en la atención y no simples «espantajos» sin capacidad para nada.
Lo que está en juego, según dijo a los periodistas, es la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan, pero la propuesta del Ejecutivo va por el camino de «hacer ciudadanos de primera y de segunda», en función del municipio en el que residan.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (IU) y uno de los impulsores del manifiesto, también fue de la opinión de que la reforma sólo persigue «eliminar» una serie de servicios y, precisamente, en esta época de crisis se hacen todavía más necesarios.
Desaparecen, aseguró, todas esas prestaciones que se hacían desde los municipios y que ahora no recoge «de manera precisa» ninguna otra administración.
Una misma queja que puso de relieve el alcalde de Coalición Canaria de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo, quien sostuvo que con esta ley, el Gobierno quiere «criminalizar» a los alcaldes del déficit público, que será cero este año y del endeudamiento, que no alcanza al 1,5 por ciento, sin contar a Madrid y Barcelona.