Mas: «Esto no es un intercambio de cromos»

La Generalitat catalana cifró ayer en 9.375 millones de euros la deuda del Estado con Cataluña por la «deslealtad institucional» en la que, a su juicio, han incurrido durante décadas los diferentes gobiernos centrales. Esta cifra, consecuencia de incumplimientos «crónicos» del Estado con la comunidad, deja a los catalanes, según el Ejecutivo de Artur Mas, en situación de «sufrimiento» y de «discriminación» respecto a los demás españoles, por lo que, a su entender, se está «vulnerando el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos por el simple hecho de vivir en el lugar donde lo hacen». Además de las económicas, la Generalitat acusa al Estado de deslealtad institucional con la lengua, la educación y la cultura y pone como ejemplos que los organismos estatales no hayan tenido voluntad en reconocer la diversidad lingüística en las Cortes o el Parlamento Europeo o la llamada ley Wert. Aunque Mas respondió a Rajoy que lo que está «en juego no es un cambio de cromos», en línea con lo que lleva meses diciendo de que la cuestión catalana no solo se resuelve con dinero, el informe de deslealtades fija algunos parámetros para los contactos entre ambos ejecutivos, guiños que el Gobierno central debería hacer para que la Generalitat se tome en serio su compromiso de diálogo. Por de pronto, en la controversia sobre el nuevo modelo de financiación en la que se han enfrascado los barones del PP, el listado de agravios pone sobre la mesa que el actual sistema no respeta el principio de ordinalidad, ya que Cataluña pasa de la tercera posición en términos de recaudación tributaria a la décima en recursos per cápita, diagnóstico que comparte la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que ha propuesto limitar la solidaridad y el principio de ordinalidad.